MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Unión Sindical Obrera (USO) ha exigido, coincidiendo con la llegada a Madrid de las marchas por las pensiones dignas convocadas por CC.OO. y UGT, que se derogue la reforma de las pensiones aprobada en 2011, con el acuerdo de estos dos sindicatos, y también la reforma de 2013.
En un comunicado, USO no ha secundado las marchas iniciadas el pasado 30 de septiembre por CC.OO. y UGT porque entiende que la movilización por la defensa del sistema público de pensiones debe hacerse desde el "consenso, la unidad de acción y la coherencia", por lo que no respalda una movilización que no pida la derogación de la reforma de las pensiones de 2011.
Según la secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO, Sara García, en esta convocatoria, CC.OO. y UGT piden la derogación de la reforma de 2013, pero desde USO defienden que se ha de exigir la reforma de las pensiones de 2011, una ley que se fraguó con un pacto de social entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT, así como las leyes que la desarrollan.
"Recordemos que la ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013, elevó la edad de jubilación a los 67 años e introdujo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones. Contra esta ley USO llevó a cabo una potente campaña para intentar parar su aprobación y convocó una movilización del sindicalismo independiente, que culminó con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2011", subrayó el sindicato.
Por último, manifestó su compromiso con la defensa del sistema público de protección social, "plantando cara desde 2011 a la reforma de las pensiones" y también, desde 2013, como miembro de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), a través de la que las más de 300 organizaciones que la componen promueven una reforma que "blinde" las pensiones en la Constitución, "para que sea obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones".
