MADRID, 29 May. (EUROPS PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha aconsejado que sea el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los organismos que regulen a las empresas que comercializan bienes tangibles en sustitución de la Administración de consumo como sucede actualmente y como establece la nueva Ley de Tangibles, que se encuentra pendiente de ser aprobada.
Así lo indica Enrique Múgica en su Informe Anual 2006 remitido al Congreso, donde considera "lógico" que la protección adecuada a la naturaleza de la inversión y los contratos, "haga aconsejable la intervención de las autoridades monetarias y financieras, y no de las de consumo".
Múgica recorda la "deficiente regulación" que se puso manifiesto a raíz de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa y solicita al Gobierno la búsqueda de soluciones para los actuales afectados, teniendo en cuenta que la intervención de los poderes públicos de control "hubiera podido disuadir a muchos inversores".
El Defensor del Pueblo matiza en sus recomendaciones que los contratos suscritos por las empresas filatélicas se configuraron "indubitadamente como productos financieros, lo que presupone la existencia de un mercado regulado y tutelado", y considera que las diferentes administraciones actuaron de forma "tardía" en la intervención o información sobre el riesgo que representaban estas sociedades para los inversores.
Por último, Múgica advirte de que tanto la CNMV como el Banco de España no han nombrado aún al Comisionado para la Defensa del Inversor, tal y como dispuso una Ley aprobada en 2002. Con el modelo actual, ninguno de los dos organismos consigue "ejercer la protección del consumidor", ya que "prefieren centrar" sus actuaciones exclusivamente en la supervisión de los mercados financieros.
