MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los estafados en el llamado 'Caso Urbanor', grupo formado por 28 accionistas vinculados al Grupo San Martín y Grupo Astor, destacaron hoy que 'Los Albertos' continúan siendo culpables de estafa y falsedad en documento público y deberán indemnizar a las víctimas, según informaron hoy en un comunicado.
Los accionistas estafados destacan que la sentencia dictada hoy por el Tribunal Constitucional ha otorgado parcialmente el amparo solicitado por los empresarios en lo referente a la prescripción de los delitos cometidos pero, ha desestimado las peticiones de revisión de las imputaciones por estafa y delito de falsedad en documento mercantil.
"El Tribunal Constitucional ha ratificado que Cortina y Alcocer cometieron los delitos de estafa y falsedad documental, tal y como en su día habían declarado la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo", afirmaron.
Las víctimas mantienen que el fallo "se limita" a anular la sentencia del Supremo en lo relativo a las penas de cárcel y confirma "el resto de pronunciamientos, incluyendo la obligación por parte de los condenados de indemnizar a los estafados".
En esta línea, recordaron que 'Los Albertos' "sólo han satisfecho a los perjudicados la parte que corresponde a los intereses del dinero estafado, mientras que tienen pendiente el pago del principal de la indemnización a la que fueron condenados, y que asciende aproximadamente a 40 millones de euros".
Las víctimas recordaron que el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid continúa con las diligencias previas del 'caso de la carta falsa' en las que están imputados Cortina, Alcocer, y sus abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez -entre otros-, por la comisión de los delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa.
Este procedimiento pretende depurar las responsabilidades derivadas de la elaboración y utilización de una carta falsa que supuestamente exculpaba a 'Los Albertos' de los delitos de estafa cometidos en el 'caso Urbanor'.
Por último, los perjudicados celebraron que veinte años después de que se cometiera la estafa en la venta de los terrenos de Urbanor, "se vislumbra el final de un caso en el que la Justicia nos ha dado la razón de forma reiterada".
