El juez pide penas de cinco años y seis meses de prisión para seis de los ocho acusados por el vaciamiento patrimonial de Sintel en 2001
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado la apertura de juicio oral por el 'caso Sintel' contra ocho antiguos directivos de la empresa por presuntos delitos societarios, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública, y les impone además una fianza de 300 millones de euros, según el auto dictado el pasado 30 de junio al que tuvo acceso Europa Press.
"La conducta de los acusados causó notables perjuicios a los acreedores de Sintel entre los que estaban los proveedores y, muy especialmente, los trabajadores, siendo tales perjuicios de carácter económico , moral y psíquico", según concluye el auto, que les obliga a depositar la fianza en un plazo de 24 horas y contra el que cabe recurso de reposición.
La Fiscalía Anticorrupción pide para seis de los ocho acusados penas de cinco años y seis meses de prisión como responsables del vaciamiento y posterior quiebra en 2001 de Sintel, que dejó a 1.828 trabajadores sin empleo, adeudando salarios por un total de 29,9 millones de euros, y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros.
Los acusados son los hijos del empresario cubano exiliado en Estados Unidos Jorge Mas Canosa ya fallecido, Jorge y Juan Carlos Mas Santos, el ex presidente y ex consejero delegado de la sociedad creada para gestionar la compra de Sintel, Mastec Internacional.
También están acusados, el ex vicepresidente de Sintel José Miguel Sariego y los miembros del consejo de administración Juan Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza y el ex director financiero y apoderado de Sintel, Pedro José Novela Berlín. Para estos dos últimos, el juez pide dos años y medio de prisión por cooperadores necesarios de la insolvencia punible.
El juez ha declarado a todos los procesados responsables civiles de la quiebra junto con las empresas MasTec Inc, Sintel International Corp y Artcom Technologies -esta última beneficiaria de parte del dinero de Sintel- declaradas responsables civiles subsidiarias.
Además de la acusación de Anticorrupción, están presentes en la causa dos acusaciones particulares en representación de los trabajadores de Sintel, la acusación de los órganos de la quiebra de Sintel y la acción civil contra los responsables penales de Telefónica, propietaria de Sintel, antes de su traspaso a Mastec Internacional.
RESTITUCIÓN DE LOS SALARIOS IMPAGADOS.
Anticorrupción pide al tribunal que se les condene a todos ellos a restituir un total de 37,3 millones de euros a la masa de la quiebra, más 16,05 millones de euros por los salarios de los trabajadores y 37,6 millones de euros por indemnizaciones de extinción de contratos impagados. De éstas dos últimas cifras el Fogasa ya anticipó 19,6 millones de euros.
A su vez, el fiscal pide que se añadan los pagos incumplidos establecidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2001 para la totalidad de la plantilla de Sintel, las medidas sociales acordadas que nunca se llevaron a cabo, excepto el plan de prejubilación que sí se cumplió, y una indemnización de 12.000 euros por daños morales para cada trabajador afectado.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar la causa y señalar los días de celebración de la vista oral, que lleva ocho años pendiente en la Audiencia Nacional.
ANTECEDENTES.
El 30 de abril de 1996 Telefónica alcanzó un acuerdo con Mastec, propiedad de Mas Canosa, para venderle su filial Sintel a través de la filial MasTec International, creada únicamente para gestionar la compra.
A partir de ahí, los responsables realizaron 'operaciones de descapitalización progresiva' con simulaciones de ventas de Sintel a varias sociedades 'desgajadas de la matriz' y domiciliadas en paraísos fiscales 'sin que conste que Sintel haya cobrado cantidad alguna'.
En mayo de 2001, un tribunal declaró la quiebra de Sintel dejando a 1.788 acreedores y 1.828 trabajadores afectados distribuidos por todo el territorio nacional, cuya situación les llevó a acampar durante seis meses en el madrileño Paseo de la Castellana, en lo que se llamó.
