MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid, que instruye el caso de la presunta carta falsa utilizada por 'Los Albertos' para incriminar a sus socios en el caso Urbanor, ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por Alberto Cortina, Alberto Alcocer y sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid del pasado 3 de septiembre, que acordó continuar con las diligencias del procedimiento abreviado contra éstos y otros tres imputados por presuntos delitos de falsedad documental en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal.
El auto, de fecha 28 de enero, estima los recursos de apelación interpuestos por las acusaciones ejercidas por el arquitecto Pedro Santieri, el empresario Julio San Martín y los socios minoritarios de Urbanor Luis García Alarcón y Francisco Castelló, y ordena que se vuelva a imputar a Peláez por un delito de denuncia falsa.
De esta manera, el juzgado de instrucción continuará con la causa que se encuentra en su fase final. El juez deberá ahora incluir esta imputación de Peláez y reformar el auto de procesamiento, dictado el pasado 22 de junio, por el que el juez instructor acordó cerrar la investigación y abrir el juicio oral.
Además de 'Los Albertos' y sus abogados también están imputados la documentalista Gloria Álvarez y los hermanos José María y Francisco Javier Arnaiz del Barco.
SORPRENDENTE POSTURA DEL FISCAL.
En el auto, la Sección 15 de la Audiencia Provincial concluye que "sorprende de forma muy llamativa la postura procesal adoptada por el Ministerio Fiscal" al solicitar el pasado mes de julio en un escrito el sobreseimiento de la causa contra 'los Albertos', Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez por "ausencia de indicios delictivos".
El tribunal considera que, según los "graves indicios" presentes en la causa, 'los Albertos' "intervinieron activamente" en la constitución de un contrato con el objetivo de confeccionar documentación falsa en su favor y que se comprometieron a pagar una "suculenta" cantidad de dinero cercana a los 5 millones de euros.
En cuanto a Hermosilla y Peláez, el tribunal considera que ambos urdieron un plan "nada creíble" para mentir ante un tribunal. Por todo ello, los magistrados insisten en la posición "incomprensible" del Ministerio Fiscal.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, abrió en 2003 procedimiento abreviado para investigar la procedencia de la carta aportada por 'los Albertos' a la causa para solicitar ante el Constitucional la revisión de la condena de tres años y cuatro meses de prisión impuesta por el Supremo a los hermanos por el caso Urbanor, aún pendiente de dictamen.
La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por el arquitecto Pedro Santieri y dirigida al empresario Julio San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el caso Urbanor un mes después que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de Urbanor a KIO.
Los peritos de la Policía y de la Guardia Civil concluyeron en sus informes periciales que la firma de Santieri era auténtica, pero el resto del documento estaba falsificado. La Fiscalía sospechaba que todos los imputados se pusieron de acuerdo para elaborar la misiva y presentarla en el Juzgado. Sin embargo, los indicios finales apuntan a que fueron Alvarez y los Arnáiz quienes ofrecieron a los ahora exculpados el documento.
