MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Los accionistas minoritarios de Urbanor presentaron hoy recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid oponiéndose a la cancelación del aval de 24,5 millones de euros pagado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer en marzo de 1998 a éstos por las responsabilidades económicas derivadas del 'caso Urbanor' y contra la cancelación de los antecedentes penales, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Los perjudicados alegan que la medida de la Audiencia Provincial es "prematura" y que no puede aplicarse hasta que "el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre cómo afecta el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a las condenas que impuso" en la sentencia de 14 de marzo de 2004 que les condenó a 3 años y 4 meses de cárcel por la estafa cometida en la venta de los terrenos donde actualmente se sitúan las Torres Kio y que fue la única que fijó responsabilidades económicas.
Los minoritarios, encabezados por el constructor Julio Sanmartín y el arquitecto Pedro Sentieri, recurren así la providencia dictada el pasado 12 de mayo por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que contestó al escrito enviado por 'los Albertos' de solicitud de inicio del trámite de devolución del dinero pagado, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló su condena por el 'caso Urbanor'.
Las mismas fuentes mantienen que el Tribunal Constitucional ha otorgado un amparo "irregular", ya que de las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en el recurso de casación, el Constitucional "ha anulado únicamente la primera sentencia de casación y no ha anulado la segunda sentencia, que fue la que condenó a 'los Albertos' a penas de prisión y a indemnizar a los perjudicados por la estafa.
Los minoritarios consideran que corresponde al Tribunal Supremo resolver la cuestión de cómo afecta la anulación de la primera sentencia -teniendo en cuenta que no existe la posibilidad de retroacción de actuaciones- a la segunda sentencia que impuso las condenas. Además, consideran que existe la posibilidad de que el Alto Tribunal ordene proseguir la ejecución, tanto de las condenas de privación de libertad, como de las económicas.
La providencia de la Audiencia Provincial contestó a la solicitud de devolución formulada por 'los Albertos' el pasado mes de marzo tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional y ordenó iniciar los trámites de devolución de los otros 25 millones de euros pagados por los empresarios.
Al mismo tiempo, los accionistas minoritarios presentaron escrito de aclaración ante el Tribunal Supremo para que resolviera la parte económica de la causa. El Supremo está pendiente de resolver dicha aclaración.
