BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Pedro Ruiz Villalón ha dictaminado este lunes que es ilegal que un Estado miembro limite la profesión de notario sólo a sus nacionales. Ruiz Villalón ha recomendado al Tribunal que condene a Bélgica, Francia, Luxemburgo, Austria, Alemania y Grecia, que contemplan este tipo de discriminación por motivos de nacionalidad en su legislación.
El Tratado de la UE prevé que las actividades que estén relacionadas, aunque solo de manera ocasional, con el ejercicio del poder público quedan excluidas del ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento. Por otro lado, la norma sobre reconocimiento profesional no prejuzga dicha exclusión, y ello en particular en relación a los notarios.
En su dictamen de este martes, el abogado general admite que la profesión notarial participa directa y específicamente en el ejercicio del poder público, ya que su función de autentificar confiere una calificación pública propia a los actos, disposiciones y conductas que en otro caso no tendrían más valor jurídico que el de la expresión de una voluntad privada.
Pese a ello, Cruz Villalón concluye que "entre las garantías y especificidades que rodean la profesión notarial, ninguna justifica una medida tan severa y drástica como la discriminación directa por razón de nacionalidad". En particular, por lo que respecta al juramento que prestan los notarios antes de la asunción de funciones, el abogado general estima que la noción de lealtad no requiere necesariamente un vínculo de nacionalidad.
En contraste, Cruz Villalón ve legal el sistema vigente en Portugal, que no impone una condición de nacionalidad pero donde el acceso a la profesión está sujeto a cuatro condiciones, entre las cuales figuran el ser titular de una licenciatura de derecho reconocida por la legislación portuguesa, el superar un periodo de prácticas y el haber superado el concurso de acceso convocado por el Consejo de notariado.
Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste las sigue en un 80% de los casos. Su función consiste en proponer una solución jurídica al asunto que se plantea. Los jueces empiezan ahora a deliberar sobre el caso y la sentencia se dictará en un momento posterior.
