El PSOE quiere "avanzar en la negociación" mientras CiU avisa de que no admitirá que se retrase ni se "desnaturalice" su propuesta
MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso escuchará hoy a una veintena de representantes de asociaciones empresariales y organismos públicos, entre ellos el presidente de la patronal constructora Seopan, David Taguas, y el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, antes de empezar a debatir la reforma de la Ley de Morosidad impulsada por CiU, que plantea un plazo máximo de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas.
También acudirán el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, así como el presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarrro, y el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, entre otros.
El próximo martes, 16 de marzo, tendrá lugar la reunión de la Ponencia, que será el primer filtro para las enmiendas al proyecto de ley y supondrá la prueba de la voluntad de PSOE y CiU de alcanzar un acuerdo sobre una iniciativa cuya tramitación sólo se desbloqueó tras negociaciones directas entre el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con su homólogo socialista, José Antonio Alonso, en las que llegó a participar el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunque la iniciativa fue avalada por el Pleno de la Cámara en junio, los socialistas presentaron un paquete de enmiendas en el que pedían la eliminación de todos los artículos del texto de CiU, salvo dos, que proponían modificar para que se limiten a "instar" al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad, en el marco de la futura Ley de Economía Sostenible.
Estas enmiendas suscitaron la crítica de la federación catalana, que las calificaron una "jugarreta malintencionada y perniciosa" que busca allanar el camino a la "iniciativa propagandística" de la Ley de Economía Sostenible y llegaron a presentar un recurso ante la Cámara, que posteriormente retiraron para no retrasar la tramitación del texto.
DEBATE "EN PARALELO" CON LA DIRECTIVA EUROPEA
Aunque no han retirado sus enmiendas, ahora la voluntad del PSOE, expresada por su portavoz de Comercio, Félix Larrosa, se resumen en la "necesidad de avanzar" hacia "acuerdo con CiU" que permita "compaginar" la negociación "en paralelo" de esta iniciativa con la elaboración de la nueva Directiva Europea de Morosidad --que prevés que se apruebe antes del verano--, algo que tanto CiU como el resto de grupos de la oposición descarta.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que todavía no tiene ningún "compromiso" por parte del PSOE, al que advierte que lo "va a tener muy mal" si busca aprovechar el trámite parlamentario para "desnaturalizar el alma" de su proposición de ley, ya que confía en contar con el respaldo del resto de grupos para sacarla adelante.
Además, cabe destacar que en el marco de las negociaciones con la oposición de la pasada semana, el Gobierno ha propuesto una serie de plazos máximos para los pagos a proveedores de las administraciones públicas (30 días) y las empresas privadas (60 días) similares a los que plantea CiU, si bien ya estaban recogidos en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible.
PLAZO EL 23 DE MARZO
La proposición de ley de CiU plantea, en concreto, un plazo máximo en los cobros de 60 días para las empresas y de 30 días para las administraciones públicas, con un periodo transitorio de 45 días durante 2010 para estas últimas. También elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación.
En cualquier caso, no será hasta dentro de un mes, el próximo 23 de marzo, cuando la Comisión del Congreso debata con competencia legislativa plena esta iniciativa y la remita al Senado. El objetivo es que su aprobación definitiva se produzca antes del verano.
