MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y los sindicatos UGT y CC.OO. enviaron hoy al Gobierno nueve medidas concretas encaminadas a que las ayudas de 50.000 millones de euros aportadas por el Estado a los bancos lleguen a los 2,7 millones de familias en situación de endeudamiento por la imposibilidad de hacer frente a las hipotecas.
"El objetivo es conseguir que el esfuerzo de los recursos públicos llegue a la gente que lo necesita y que el sistema financiero cumpla su papel", explicó el representante de CC.OO. Javier Jiménez en rueda de prensa.
"Nos ofrecemos a discutir con el Gobierno y los bancos la aplicación de estas medidas", apuntó la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo. "Se necesita un esfuerzo mayor para los parados en situación de desahucio", apuntó el representante de UGT José Luis Hidalgo.
La propuesta conjunta fue enviada a la Oficina Economía del presidente del Gobierno, con cuyos representantes se reunió hace un mes Sauquillo, con la finalidad de que estudien la aplicación de las medidas, abrir una mesa de diálogo y las envíen a los diferentes ministerios implicados en su puesta en marcha.
La medida más urgente propuesta es aplicar el arbitraje y la conciliación en los planes de reestructuración de la deuda para evitar los embargos judiciales hipotecarios y crediticios, que durante 2008 podrían llegar a 86.681 y a 121.006 en 2010, según previsiones del CGPJ.
Además, CCU, UGT y CCOO proponen que el ICO establezca una línea de avales para los colectivos más vulnerables que sirva de puente para la rehabilitación de la hipoteca, y piden a los bancos que actualicen los intereses hipotecarios del Euríbor al tipo de interés que marca el Banco Central Europeo (BCE).
La propuesta planea modificar el artículo 131 de la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de la vivienda sin medidas intermedias de arbitraje, así como dotar de un procedimiento judicial específico para la venta a plazos de los inmuebles en las situaciones más graves con un cambio en el artículo 11 de la Ley 28/98.
En caso de que las familias se vean imposibilitadas para asumir los pagos hipotecarios, el Consejo y los sindicatos piden una exención de comisiones, tributos o tasas.
COMPRA DE VIVIENDAS DE VPO POR LA ADMINISTRACIÓN
Una de las medidas va dirigida directamente al Ministerio de Vivienda y propone la adquisición de viviendas VPO por las administraciones en caso de impagos. Una vez adquiridas, se ofrecerá el alquiler al antiguo propietario con la oferta de recompra futura.
La aplicación de esta propuesta exige una acción concertada entre todas las administraciones públicas y el sector privado para promover programas de vivienda en alquiler, que contemple los problemas de disposición del suelo, de stock de vivienda nueva y de acceso a la financiación.
Por último, los consumidores y los sindicatos piden una reforma de la normativa sobre transparencia bancaria y publicidad financiera para evitar las posibles condiciones "abusivas" en los contratos de préstamos y de reunificación de deudas, así como establecer un reglamento que impulse la educación financiera y un modelo de consumo sostenible.
