ESTRASBURGO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo dio hoy luz verde definitivamente a los fondos estructurales y al fondo de cohesión para el periodo 2007-2013. En total, se destinarán 308.041 millones de euros para el desarrollo de las regiones más atrasadas, el 35,7% del presupuesto de la UE. España recibirá una ayuda de 31.536 millones de euros, el 50% menos que en la actual etapa 2000-2006.
Los reglamentos recogen algunas de las peticiones de la Eurocámara que benefician especialmente a España. Por ejemplo, el mecanismo de compensación para las regiones afectadas por el efecto estadístico provocado por la ampliación (Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla) o el trato especial para las regiones ultraperiféricas como las islas Canarias. También se reconoce un periodo transitorio para que España salga del Fondo de Cohesión, al superar el 90% del PIB comunitario, por valor de 3.250 millones de euros.
La eurodiputada socialista Iratxe García se mostró satisfecha con el acuerdo y destacó la importancia para España de la ayuda transitoria del fondo de cohesión o del fondo tecnológico de 2.000 millones de euros. "La política de cohesión de la UE debe priorizar a los países con menos desarrollo, sin olvidar la necesidad de seguir apoyando aquellos países y regiones que como España han hecho un esfuerzo de convergencia y desarrollo", dijo.
Por su parte, el parlamentario del PP Gerardo Galeote destacó que algunos Gobiernos siguen cuestionando la política de cohesión, que a su juicio es "la más exitosa, la más visible de las políticas europeas". Su correligionario Antonio López-Istúriz lamentó que el texto final no haya recogido las peticiones de las regiones insulares. "Las desventajas estructurales que sufren deberían compensarse con medidas específicas", dijo.
Aunque el Parlamento no tiene derecho de veto sobre los reglamentos de los fondos estructurales, los Veinticinco han acabado aceptando algunas de sus exigencias. Se refuerza el aspecto medioambiental de estas políticas, se incluye una mención específica de que tanto los fondos estructurales como el fondo de cohesión deben contribuir a eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y se reconoce el papel de las organizaciones no gubernamentales en la negociación de los programas.
Asimismo, los eurodiputados han conseguido 300 millones de euros adicionales para la cooperación entre regiones y transfronteriza. Además, se refuerza la dimensión urbana de los programas y se eliminan las diferencias entre nuevos y viejos Estados miembros en cuanto a la cofinanciación.
Pese a todo, una de las principales solicitudes del Parlamento no aparece en el reglamento final. Los Veinticinco han rechazado la propuesta de crear una nueva reserva con aquellos créditos no utilizados en los dos o tres años siguientes de su presupuestación. Este dinero vuelve ahora a las arcas de los Estados miembros. Sin embargo, los eurodiputados lograron una declaración de la Comisión en la que se compromete a estudiar este tema en el futuro.
