22 de octubre de 2019
  • Lunes, 21 de Octubre
  • 2 de marzo de 2009

    Economía/Macro.- El PNV pide al Gobierno que rebaje todavía más el interés de demora y el interés legal del dinero

    MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

    El PNV mantiene su intención de pedir en el Congreso de los Diputados que el interés de demora exigible en relación con las deudas tributarias "quede explicitado" en el 3,75% frente al 7% actual, y en un 3% el del interés legal del dinero, hoy establecido en el 5%, una rebaja mayor de la que se plantea el Gobierno.

    El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, anunció ayer, en una entrevista con Europa Press, que el Gobierno pretende aprobar en breve una ley para rebajar al 5% el interés de demora y al 4% el interés legal del dinero, dado que son "más altos" que los que se corresponden con la situación actual del mercado.

    Después de las últimas rebajas de tipos acometidas por el Banco Central Europeo (BCE), que han situado el precio del dinero en la zona euro en el 2% desde el 4,25% en que se situaba en octubre del pasado año, Ocaña reconoció que es preciso ajustar ambos intereses a la realidad actual, con unos tipos mucho más bajos en los mercados. "Es un ajuste sensato y una corrección muy razonable", reiteró.

    EL PNV QUIERE APOYO DEL GOBIERNO

    Hace dos semanas, el PNV presentó una proposición no de ley en este sentido, iniciativa que fue retirada por un "cuestión técnica" en su redacción y que volverá a ser presentada a la Cámara Baja, ya que el PNV se considera que la medida es "especialmente urgente" dado el contexto actual de "crisis económica".

    Para el PNV, los tipos de interés legal del dinero y el de demora exigible en las deudas tributarias que constan en los Presupuestos de 2009, están "desfasados" porque se fijaron en un momento en el que los niveles de referencia de los tipos del BCE o el Euríbor son "muy diferentes" a lo estimado inicialmente. En este sentido, los nacionalistas vascos consideran lógico que el Ejecutivo apoye su propuesta.

    Asimismo, pretenden que "de oficio" las Administraciones Públicas cambien conforme a esos nuevos tipos todos los actos administrativos de concesión o modificación de aplazamientos, fraccionamientos o suspensiones de ingreso de deudas dictados a partir del 1 de enero de 2009.