MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el recorte de las pensiones de los funcionarios públicos que contempla el Presupuesto para el próximo año, y que el PSOE se negó a suprimir a pesar de las reclamaciones y enmiendas del principal partido de la oposición.
Según el PP, dos disposiciones de los Presupuestos recortan las pensiones: la disposición adicional decimotercera, que pretende reducir las pensiones ordinarias de jubilación o retiro por incapacidad permanente; y la decimosexta, que declara la incompatibilidad de la percepción de una pensión de jubilación con el desempeño de un puesto de trabajo en el ámbito privado.
El PP critica que el PSOE no eliminara estas disposiciones durante la tramitación del Presupuesto en el Parlamento y que se limitara a graduar el recorte de los derechos de los funcionarios en una de las dos disposiciones.
Según el PP, tras esta modificación, ambas disposiciones siguen suponiendo una "gran restricción" que afecta a un amplio colectivo, por lo que han provocado movilizaciones y protestas de militares, policías y guardias contra lo que ya es conocido como "el pensionazo".
Los motivos que han empujado al PP a presentar el recurso es que ambas disposiciones vulneran el principio de seguridad jurídica, carecen de cualquier informe o memoria económica que lo justifique, suponen una discriminación injustificada del sistema de clases pasivas respecto del régimen de incompatibilidades del sistema de seguridad social y porque la modificación de esta ley no puede hacerse a través de los Presupuestos.
Además, el PP considera que cualquier tipo de modificación o alteración de algo tan importante como son las pensiones se debe llevar a cabo desde el consenso y en el seno del Pacto de Toledo.
Por todo, señala que el partido socialista no debería seguir engañando a los ciudadanos, ya que las dos disposiciones de los Presupuestos van en contra de su propio programa electoral u de sus reiteradas declaraciones de compromiso con el gasto social.
"No es admisible este recorte de derechos sociales, máxime en el contexto de incertidumbre y dificultades económicas que atraviesan las familias españolas en estos momentos", afirma el PP, para quien las disposiciones siguen constituyendo "una merma flagrante de los derechos de los servidores públicos".
