Quieren negociar con CiU las medidas de lucha contra la morosidad al margen de la Ley de Economía Sostenible
MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular quiere cerrar todos los "trucos" y "mecanismos de escape" a los que las administraciones públicas y las empresas pueden acogerse para seguir retrasando sus pagos a pymes y autónomos y sustraerse así a la reducción de los plazos a 30 días como máximo en el caso de los proveedores públicos y a 60 en el caso de los privados, que contempla la Ley de Economía Sostenible aprobada el viernes.
Sin embargo, los 'populares' no quieren esperar a que esta norma, todavía en fase de anteproyecto, llegue al Congreso para tratar esta cuestión y aprovecharán la tramitación de una proposición de ley de CiU que plantea en esta misma dirección, a la que ya han presentado sus enmiendas.
El secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, asegura que su objetivo es garantizar que empresas y administraciones públicas puedan sortear la reducción de plazos mediante "trucos" como retrasar las entrega de las facturas. "Nosotros queremos que las facturas se entreguen en cinco días y se paguen en treinta", remachó.
Sin embargo, destacó su temor por la "estratagema" del PSOE para "neutralizar" la iniciativa de la federación catalana, cuya tramitación el Congreso avaló por unanimidad el pasado mes de junio, para así dar libertad al Gobierno en el desarrollo de sus propias propuestas, algo a lo que el PP se opondrá. "No pueden vulnerar la actividad legislativa del Parlamento", advirtió.
Y es que CiU ya denunció esta semana que las enmiendas parciales que los socialistas quieren "decapitar" su proposición de ley con las enmiendas parciales que han presentado, ya que "suprimen la totalidad del articulado de la misma", reduciéndola a dos mandatos dirigidos al Gobierno "sin contenido legislativo".
EL PSOE BUSCA UN TRÁMITE "SIN CONDICIONES"
En concreto, las enmiendas socialistas piden la eliminación de todos los artículos del texto salvo dos, que proponen modificar para que se limiten a instar al Gobierno a presentar en el plazo de tres meses sendas reformas de la Ley de Contratos del Sector Público y de la propia Ley contra la Morosidad. Los nacionalistas se quejan de que el PSOE pretende convertir su reforma legislativa en una mera proposición no de ley.
La estrategia del PSOE buscaría dejar manos libres al Ejecutivo para diseñar su propia estrategia de lucha contra la morosidad sin que ésta se vea condicionada por un texto legislativo propuesto por un grupo parlamentario que va en la misma línea, como ya ocurrió con la Ley de Fomento del Alquiler que regula el 'desahucio exprés' y que el Gobierno se vio obligado a pactar precisamente con CiU a través de un texto en el que se refundieron el documento de los nacionalistas y el proyecto de ley del Gobierno.
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS CONTRA LA MOROSIDAD
Además, el PP llevará este martes al pleno del Congreso una proposición de ley de medidas "complementarias" para la morosidad, que supone un paquete de actuaciones fiscales para ayudar a salir de la crisis a las empresas "y que las deudas impagadas no se vayan trasladando en cascada a otras", en palabras de la portavoz 'popular' en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, firmante del texto.
Por ello, el PP propone reformar el Impuesto de Sociedades, para que las pymes vean incrementado del 1 al 3% la provisión de créditos incobrables; el Impuesto del Valor Añadido, reduciendo de 2 a 1 año el tiempo que tiene el empresario para poder recuperar el IVA pagado y que no le han pagado a él; y el IRPF de los autónomos, en la declaración directa simplificada, para incrementar los gastos de difícil justificación, dentro de los que están los impagos, del 5 al 8%.
