Afirma que las medidas introducidas no suponen un nuevo sistema de autorización, sino que sólo se amplía a las empresas opantes
MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ejecutivo español ha respondido a la Comisión Europea (CE) que el decreto por el que se amplían las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) permitiéndole supervisar la OPA de E.ON sobre Endesa "está amparado" en el Tratado de la Unión Europea (UE), que permite tomar medidas justificadas por "seguridad pública", informó hoy el Gobierno.
El Gobierno remitió hoy la documentación con la que da respuesta al requerimiento de la CE en relación con la ampliación de la llamada Función 14 de la CNE, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 24 de febrero, pocos días después de que la empresa alemana E.ON presentara una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Endesa.
Tras asegurar que los argumentos presentados son "claros y contundentes", el Gobierno explica que en Francia, Italia y Portugal la participación pública en el sector energético es alta, y que en España la liberalización del sector es "notablemente más intensa".
Recuerda que en España se ha llevado a cabo una liberalización y se han privatizado empresas del sector "a diferencia de otros países", por lo que las razones por las que los gobiernos defienden sus mercados energéticos varían.
Así, señala que España "puede estar obligada, al igual que otros países" a establecer medidas que protejan la garantía del suministro, la seguridad pública y la estabilidad financiera de las grandes empresas energéticas.
El Ministerio que dirige José Montilla subraya que esto no significa que las medidas introducidas sean contradictorias con el principio de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales, sino que "son compatibles con tales principios como lo son las medidas adoptadas por otros países y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de la UE".
En la carta, el Ejecutivo recuerda que el Tribunal de Justicia desestimó el recurso presentado por la Comisión ante la normativa belga, y añade que la normativa española es una transcripción casi literal de la citada normativa.
"NO SUPONE UN NUEVO REGIMEN AUTORIZATORIO".
El Ejecutivo defiende que el decreto no supone la implantación de un nuevo régimen de autorización para operaciones de adquisición de empresas energéticas, sino que "amplía el ámbito subjetivo de aplicación de la Función 14 de la CNE".
De esta manera se cubre una "laguna legal que podía producir efectos discriminatorios", ya que el examen de la CNE se extiende a las empresas energéticas que puedan ser adquiridas por otras, sin importar la nacionalidad de la adquiriente.
También afirma que el decreto "mejora y precisa" las razones por las que la CNE puede negar o condicionar una OPA y que el examen del organismo se hará con principios y criterios "más tasados que los existentes en la regulación anterior".
La nueva normativa está más cerca de las normativas vigentes en otros países de la UE, "que tienen el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la UE como es el caso de Bélgica". En ese sentido afirma que "la nueva norma se aleja de los contenidos que se habían aplicado en otras anteriores, como la 'acción de oro', y se orienta de forma evidente a los criterios y principios aplicados en la UE".
DEFIENDE LA SUPERVISIÓN A PRIORI.
El Gobierno defiende ante la CE que las autorizaciones en casos de OPA se realicen 'ex ante' y subraya que es el mismo criterio utilizado hasta la fecha y "nunca ha sido puesto en entredicho por la Comisión Europea, ni por los tribunales, españoles o comunitarios".
Cree que es más "respetuoso" con la libertad de circulación de capitales y más "garante" de los intereses de las empresas adquirentes, "ya que no deja la decisión de los poderes públicos a una fase posterior a la formalización de la operación, cuando se pueden haber comprometido decisiones y recursos financieros por parte de las mismas".
Si la autorización no fuera 'a priori', "podrían ponerse en peligro la seguridad pública y otros intereses a proteger", por lo que se debe comprobar que la empresa adquiriente reúne todas las condiciones necesarias para desarrollar su actividad "garantizando el buen cumplimiento de los objetivos energéticos nacionales".
LA CNE SERÁ "OBJETIVA Y TRANSPARENTE".
El Gobierno explica en la carta que los principios que orientarán a la CNE serán "la objetividad, la transparencia y la no discriminación", y recuerda que hasta la fecha sus decisiones no han sido revisadas por la CE o por los Tribunales.
También recuerda que a Gas Natural la CNE le impuso una serie de condiciones a la hora de aprobar su OPA sobre Endesa.
Además, el Gobierno español se ofrece a la CE a proporcionar "toda la información que sea necesaria con el fin de poner de manifiesto que la norma aprobada es plenamente compatible con los principios comunitarios de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales tal y como tales principios han sido interpretados en las legislaciones de otros Estados miembros y en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE".
El Gobierno concluye que con esta norma sólo pretende proteger a los mercados energéticos, garantizar la seguridad del suministro y los derechos de los ciudadanos españoles a disponer de unos servicios energéticos "seguros y estables".
