22 de octubre de 2019
9 de diciembre de 2014

El Tribunal de Cuentas criticará hoy el plan de pago a proveedores de Zapatero por sus condiciones

El 36% de las entidades locales que pidió dinero al ICO en 2011 para pagar a proveedores no devolvió el crédito a tiempo

El Tribunal de Cuentas criticará hoy el plan de pago a proveedores de Zapatero por sus condiciones
CONGRESO

   MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -    

   El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, expondrá este martes al Parlamento sus principales argumentos de crítica al plan de pago a proveedores municipales articulado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011, que pasan fundamentalmente por las condiciones establecidas, que no ayudaron a reducir la morosidad pública.

   Álvarez de Miranda expondrá ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el 'Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las Entidades locales de sus obligaciones comerciales', al que se sumaron  1.029 entidades --1.025 ayuntamientos, dos diputaciones y dos consejos insulares-- por un importe total de 967,7 millones de euros.

   Dicho decreto articulaba una línea de préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con los que los ayuntamientos podrían saldar las deudas con sus proveedores de suministros, obras o servicios realizados hasta el 30 de abril de 2011. En total, por esta vía se pudieron abonar 222.975 facturas de 12.000 autónomos y 26.000 empresas.

LA MAYORÍA NO SE SUMARON

   Sin embargo, la mayoría de entidades locales con deudas exigibles con sus proveedores no se sumaron a esta línea de crédito, lo que "no contribuyó a atenuar la morosidad sobre la liquidez de las empresas". Según el Tribunal de Cuentas, las condiciones de la financiación no invitaban a sumarse, con un tipo de interés del 6,5% TAE fijo sin posibilidad de negociación. El coste de este programa para las entidades locales fue en total de 128,4 millones.

   Además, el acuerdo obligaba a las entidades locales a atender las deudas a su vencimiento o arriesgarse a perder parte de las transferencias del Estado; el 36% de ellas no lo hicieron (373 entidades), por lo que el Ministerio de Hacienda procedió a retenerles su participación en los tributos del Estado para saldar deudas, lo que se pudo lograr en 171 casos. En los otros 202, no se logró pese a ello recuperar la totalidad de la deuda.

   Ante estos resultados, el organismo fiscalizador cree que las haciendas municipales deberían establecer procedimientos para garantizar la anotación en la contabilidad financiera de los gastos y deudas con los proveedores íntegramente desde el momento en que se realizan, mejorándose así la imagen fiel de los estados financieros y asegurándose la fiabilidad de las cuentas.

   Asimismo, recomienda que se den mayores facilidades de acceso a las medidas de ayuda a aquellas entidades que aprueben regularmente sus cuentas generales y que las rinden en plazo al Tribunal de Cuentas nacional y autonómicos, así como a las que publiquen los datos esenciales de su gestión para fomentar la transparencia.

   Finalmente, el organismo que preside Álvarez de Miranda propone que, en las medidas extraordinarias que se adopten por el Gobierno para promover el pago de sus obligaciones por los ayuntamientos, se fijen condiciones que favorezcan que se consiga este objetivo, así como que haya penalizaciones o restricciones para las entidades que no realicen los pagos de los préstamos a su vencimiento, con lo que se disuadiría el incumplimiento.