MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, propondrá hoy al Gobierno que limite el gasto de las administraciones autonómicas puesto que, según arguye, es ahí donde reside "el mayor margen de ahorro".
Ésta es una de las iniciativas que Díez planteará mañana en la reunión que mantendrá con la 'troika' ministerial encargada de buscar un acuerdo anticrisis con la oposición, un pacto cuyas posibilidades de materializarse, según UPyD, son "mínimas" porque ni PSOE ni PP parecen interesados en ese objetivo.
En concreto, la líder de UPyD instará al Ejecutivo a que establezca techos de gasto a las demás administraciones, que se plantee la posibilidad incluso de no avalar sus emisiones de deuda y que emprenda una evaluación de la eficiencia del gasto público en todas las partidas y niveles de gobierno para que sirva de guía en los recortes. "Todas las administraciones debieran implicarse en el esfuerzo de austeridad", enfatiza.
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
Asimismo, ve necesario "un saneamiento" del sistema financiero y, para ello, propone la despolitización de los órganos rectores de las cajas, la supresión de los vetos autonómicos a las fusiones entre entidades de diferentes comunidades autónomas y la asunción de responsabilidades por parte de aquellas que hayan recibido ayuda pública.
UPyD --que volverá a criticar mañana que el Gobierno no haya incluido en las negociaciones las reformas del sistema de pensiones, del mercado laboral, de la financiación autonómica e incluso de la educación--, también advertirá al Ejecutivo de la necesidad de impulsar la lucha contra el fraude fiscal, de garantizar la unidad de mercado interno y de abrir el debate sobre el papel de la energía nuclear con criterios técnico en vez de "eslóganes políticos".
A juicio del partido que lidera Rosa Díez, las reformas que pondrá hoy encima de la mesa para alcanzar el "deseable" Pacto deberían "coronarse" mediante el acuerdo de socialistas y 'populares' con una reforma del sistema electoral y de la propia Constitución para "aclarar el reparto competencial entre los distintos niveles de gobierno".
