MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, teme que el Gobierno panameño pueda reclamar a España los 400 millones de dólares que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) ha avalado a Sacyr en el marco del proyecto de construcción de parte del Canal de Panamá, si la constructora española decide finalmente abandonar las obras.
Así se lo hace saber al Ejecutivo en una pregunta escrita que recoge Europa Press, y que se deriva del anuncio realizado por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) --en el que participa Sacyr junto con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa-- de dejar en suspenso la construcción del tercer conjunto de esclusas del Canal por unos sobrecostes de 1.625 millones de dólares derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles", exigiendo que los incumplimientos denunciados sean remediados dentro del periodo de preaviso, que finaliza el 20 de enero.
Esta cantidad supone "más del 50% del presupuesto aprobado en la licitación" que, en su momento, "ya llamó la atención, y no positivamente" porque la adjudicación se realizó por "363 millones menos de la cantidad fijada por la propia Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y "muy por debajo" de los 4.185 millones (1.067 menos) ofertados por Bechtel, otro de los grupos licitantes, y de los 5.981 (2.863 menos) del Grupo Canal, liderado por ACS.
"Se llegó a afirmar que una oferta como la de Sacyr habría sido calificada en Europa como 'baja temeraria'", recuerda Martínez Gorriarán, que apunta además que el apoyo del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero a la oferta de Sacyr "ocasionó numerosas críticas sobre un presunto trato de favor derivado de estrechos lazos políticos" con el Gobierno socialista.
AVAL PÚBLICO
Un "apoyo activo" del Ejecutivo a la oferta de la constructora que se plasmó también en la concesión por parte del Cesce de un aval por importe de 400 millones de dólares que la constructora debía presentar como fianza para la adjudicación del contrato, y que otras ofertas lideradas por empresas españolas --como la integrada por ACS, Acciona, FCC, la alemana Hochtief y la mexicana Constructora ICA-- no tuvieron y suplieron "presentando como garantía los balances auditados de sus respectivas sociedades".
De este modo, la interrupción de las obras en el Canal "podría implicar la ejecución del aval público", o al menos eso teme UPyD, que en su texto pregunta al Ejecutivo si la República panameña puede reclamar legalmente la ejecución de esa garantía o cualquier otro tipo de compensación económica garantizada si Sacyr abandona las obras, y también "en qué consiste exactamente el compromiso del Estado, a través del CESCE, con la empresa Sacyr y con la República de Panamá en la obra".
No en balde, el propio presidente panameño, Ricardo Martinelli, ha rechazado las nuevas condiciones de Sacyr, ha exigido el cumplimiento del contrato y ha reclamado tanto a España como a Italia (con compañías implicadas en el proyecto) el cumplimiento de las garantías públicas que respaldaban a sus empresas.
COMPROMISOS CON PANAMÁ
Además, la formación magenta reclama información sobre cuál es, a día de hoy, el préstamo que Sacyr mantiene con Cesce, para qué conceptos se concedió, con qué previsión de riesgos y en qué condiciones financieras, e interpela al Ejecutivo sobre si considera que la empresa obtuvo del Gobierno de Zapatero "algún tipo de trato de favor, en contraste con otras empresas españolas que también concursaron para la obra de ampliación del Canal de Panamá".
"¿Cuál es la posición del Gobierno a día de hoy en el conflicto abierto entre Sacyr y el Gobierno de Panamá, y qué iniciativas está adoptando para tratar de solucionarlo con el menor daño a la 'Marca España'", añade Gorriarán en su pregunta, recordando que tanto la ministra de Fomento, Ana Pastor, como el de Exteriores, José Manuel García Margallo, están en conversaciones con el Gobierno panameño y con la constructora para buscar una solución al conflicto.
