MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) - El Gobierno ha decidido posponer al viernes de la próxima semana la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, ya que prefiere apurar la negociación con los grupos políticos de la oposición. Así lo ha confirmado a los medios de comunicación el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que tras el Pleno del Congreso de este jueves ha mantenido una reunión con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, uno de sus socios parlamentarios para sacar adelante las cuentas. En principio, el Gobierno había trasladado su intención de aprobar este viernes el proyecto de ley para presentarlo en el Congreso la próxima semana, un calendario que se mantenía incluso este mismo miércoles. Montoro ha justificado la decisión por la minoría en la que se encuentra el Gobierno para aprobar las cuentas en la Cámara Baja y la necesidad de apurar la negociación al plazo máximo legal e integrar en el proyecto partidas comprometidas con los socios parlamentarios. La decisión de aplazar la aprobación de las cuentas obliga al Gobierno a registrar el proyecto de ley en el Congreso en la misma tarde del viernes o al día siguiente, sábado, ya que en la propia Constitución se recoge la obligatoriedad de llevar a las Cortes Generales el proyecto presupuestario antes del 30 de septiembre. Para sacar adelante las cuentas, el Gobierno confía tener el apoyo de, al menos, los mismos socios con los que aprobó las cuentas de 2017: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y el socio electoral del PSOE en Canarias, Nueva Canaria, además de sus socios electorales UPN y Foro Asturias. Con Ciudadanos el Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo para lograr el apoyo a las cuentas, por el que se compromete la movilización de 8.300 millones de euros en los próximos Presupuestos en partidas pactadas con la formación naranja. A la rebaja del IRPF para rentas bajas y familias numerosas se le unen ahora el compromiso de extender al cine la rebaja del IVA acordada en las anteriores cuentas, un cheque guardería, un aumento de los permisos de paternidad a cinco semanas a partir de 2018 y la equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil y Policía Nacional, según ha explicado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Muy diferente es la situación con el PNV, ya que el propio portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, niega que hayan existido contactos con el Gobierno o el PP en materia presupuestaria. Es más, este miércoles llegó a asegurar que no dedica a esta cuestión "ni un segundo" ante su preocupación por "el follón institucional y la crisis" de Cataluña, que cree que es extensible a "todo el Estado". A la salida del Pleno este jueves, Esteban ha sostenido ante los medios que desde el propio Gobierno vasco le han informado que tampoco están produciéndose negociaciones de cara a los Presupuestos con el Ministerio de Hacienda. Todo ello contrasta con lo trasladado desde el Gobierno y el PP. Así, fuentes de Hacienda han asegurado este mismo jueves que el PNV mantiene "una relación muy fluida" con el Gobierno, que las conversaciones vienen produciéndose desde hace tiempo y que aún tienen pendiente dotar de contenido a los acuerdos alcanzados sobre el 'cupo vasco' y el concierto económico para esta comunidad autonómica, que permitieron el respaldo de los 'jetzales' a los Presupuestos de 2017. Respecto a los diputados canarios, el propio Montoro ha entablado distintos encuentros con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Este mismo jueves el ministro ha mantenido en el Congreso un encuentro con Oramas, cuyo apoyo espera encontrar en el debate de totalidad, tras finalizar el Pleno. Con Pedro Quevedo, ausente en el Pleno este jueves, Montoro inició contactos la semana pasada, comunicándole que espera negociar las cuentas y dar continuidad a los partidas presupuestarias ya comprometidas en las cuentas de 2017. Sin embargo, el diputado canario no descartó que se repitiera el mismo escenario que entonces, en la que presentó una enmienda a la totalidad, votó en contra de la admisión a trámite del proyecto, y fue después, ya en la fase de Comisión, cuando lo avaló, una vez que el Gobierno había aceptado sus enmiendas parciales.
