MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha recomendado este miércoles en el Congreso que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) comparta los riesgos de las operaciones minoristas que, por falta de red propia, se lleven a cabo en colaboración con otras entidades financieras.
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) celebrada este miércoles en la Cámara Baja, y ante la que ha informado del 'Informe de fiscalización de la actividad crediticia del ICO, ejercicio 2016', Álvarez de Miranda ha abogado por que en estas operaciones el instituto pública no asuma en exclusiva estos riesgos.
Asimismo, ha pedido mejorar el control interno de las operaciones crediticias a través de la integración de los sistemas de información, pues cree que su sustitución se está desarrollando en "un plazo excesivamente largo de tiempo". De hecho, considera que esta falta de integración es la "principal debilidad" de los sistemas de información en la entidad.
En este sentido, el órgano fiscalizador considera "bien dimensionados para las necesidades de la entidad" los sistemas y comunicaciones del ICO, si bien cree que la "falta de personal propio para acometer los proyectos de desarrollo y mantener el control y seguimiento de los servicios externalizados" supone "una debilidad de control interno".
Por otro lado, también advierte de que la auditoría de seguridad limitada a la red interna, realizada en 2015, "detectó numerosas debilidades graves", y que un año antes se encontraron "salvedades" en los controles y medidas de seguridad implantadas en el ICO.
MOROSIDAD EN LA LÍNEA ICO DIRECTO
Además, y al igual que ya hiciera en su fiscalización, el Tribunal destaca que, a la hora de comercializar el programa de créditos 'Línea ICO Directo' no se respetó en su literalidad lo convenido en el Consejo de Ministros, ya que esta se realizó a través de dos redes comerciales --Santander y BBVA-- y no de una, "sin explicación de quién tomó la decisión ni sobre su motivación".
Esta línea, tal y como subraya el Tribunal, concentra una morosidad "muy elevada" lo que, a juicio del órgano fiscalizador, "evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos". Así, el 83% del saldo vivo a finales de 2016 correspondía a fallidos o dudosos, íntegramente provisionados, y aproximadamente unos dos tercios de las operaciones vivas estaban entonces en mora o suspenso.
