MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y Podemos han sumado este jueves fuerzas en la última Comisión de Fomento del Congreso de esta legislatura para reclamar al gobierno que ponga en marcha nuevas medidas para luchar contra los desahucios, propuesta de la formación morada ante la que tanto el PP como Ciudadanos se han abstenido a pesar de incluir exigencias como la dación en pago.
El texto, promovido por En Comù Podem --la confluencia catalana de Podemos-- y modificada con una propuesta de Democracia y Libertad (DL), exige que no se produzcan nuevos lanzamientos de la vivienda habitual sin una alternativa habitacional garantizada en el caso de familias en situación de insolvencia sobrevenida y buena fe.
En este sentido, se precisa que cuando el que solicita el lanzamiento es un gran tenedor de vivienda estará obligado a ofrecer un contrato de alquiler social, encargándose de ello las administraciones públicas en caso contrario.
Pero, además, se recupera la exigencia de cancelar las deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar por causas sobrevenidas, respondiendo de ellas únicamente con el bien garantizado, que tendrá que ser subastado por el 100% de su valor de tasación.
Es decir, que se aplique la dación en pago, más allá de reclamar que se amplíen los requisitos para poder acogerse a la Ley Antidesahucios de 2013 a terceras personas no titulares de la vivienda objeto de la hipoteca.
POBREZA ENERGÉTICA
Asimismo, se hace referencia a la lucha contra la pobreza energética, indicando que cuando la vivienda habitual sea liquidada por el acreedor para cubrir la deuda deberá hacer una oferta de alquiler social que no supere el 20% de los ingresos de la familia o el 30% si se incluyen los gastos en suministros.
El Gobierno también habrá de garantizar el derecho de acceso al suministro de agua, gas y electricidad a las familias en riesgo de exclusión, prohibiendo a las empresas suministradoras los cortes sin un informe previo de la administración, so pena de ser sancionadas. Y se reclama una tarifa social a cargo de las compañías de suministros que no supere el 10% de los ingresos de la unidad familiar.
Por otra parte, se exige la eliminación automática y sin previa exigencia del titular de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la UE, como por ejemplo las cláusulas suelo; y se propone impulsar la creación de un parque público de alquiler usando las viviendas vacías que poseen los grandes tenedores de vivienda mediante su cesión a las administraciones.
MAPA DE VIVIENDAS
En este sentido, será necesario realizar un mapa del parque de viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias que actualmente están en manos del llamado 'banco malo' y de las tiene el Fondo Social de Vivienda, que habrá de transformarse en un parque de viviendas sociales incorporando pisos cedidos temporalmente por su propietarios en función de la demanda real de cada municipio.
En el ámbito del alquiler, el Congreso exige que se garanticen los derechos de los arrendatarios para que sea una "opción estable, segura y asequible", recuperando la renovación obligatoria de contrato durante cinco años --dos más que actualmente-- o la actualización anual de previos en base al IPC.
Asimismo, se insta al Gobierno a promover mejoras procesales para poder oponerse judicialmente a un desalojo así como derogar los llamados 'desahucios exprés' de los pisos en alquiler y a abstenerse de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Emergencia Habitacional catalana.
