MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista quiere saber si la carta remitida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a varios ayuntamientos solicitando el cierre de empresas públicas financieramente deficitarias tiene relación con la decisión de Bruselas de no sancionar a España por el incumplimiento de los objetivos de déficit.
Los socialistas han registrado en el Congreso una batería de preguntas, que ha recogido Europa Press, pidiendo cuentas al Gobierno en funciones por el envío de estas misivas que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha remitido en virtud de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
En dicha norma se contempla la disolución automática de las entidades públicas deficitarias y detalla que aquellas empresas que en diciembre no hayan saneado su situación financiera no podrán realizar otra actuación que no sea la de su desaparición. En la carta, según explica el PSOE en el texto registrado, el Gobierno da un ultimátum de 15 días a las corporaciones locales para su disolución.
Así las cosas, el PSOE quiere que el Ejecutivo le detalle el alcance que ha tenido esta solicitud --número de entidades que se verían afectadas, cuáles deben liquidarse, cuántas por CCAA y provincia--, así como por el impacto que supondría --qué servicios prestan y si se ha ofrecido a los ayuntamientos alguna alternativa para que dichos servicios se sigan prestando--.
Asimismo, le insta a precisar si existe algún plan de recolocación para los trabajadores, el ahorro que supondría esta medida y en qué medida se recortará el déficit público tras la desaparición de estas sociedades.
¿ESTÁ MONTORO LEGITIMADO PARA HACERLO?
Por último, también le pregunta por las medidas que adoptará el Gobierno si en el plazo de 15 días dado a los ayuntamientos las empresas siguen funcionando y si el Gobierno puede garantizar que no habrá más recortes en los ayuntamientos.
A este respecto, Compromís también se ha interesado por esta cuestión con la presentación, por parte de su diputado Ignasi Candela, de una pregunta acerca de si el titular de Hacienda está legitimado para enviar estas misivas estando en funciones después de haber invocado esta condición "para escapar al control parlamentario".
