Actualizado 17/11/2006 19:06

RSC.- ECODES presenta una serie de propuestas para frenar el desarrollo urbanístico indiscriminado


MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los actuales planes urbanísticos en España "no contribuyen al desarrollo sostenible", según la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), con sede en Zaragoza, que ha presentado una serie de propuestas para alcanzar un equilibrio social, ambiental y económico.

ECODES aboga así por el "desarrollo compacto" de las ciudades y los pueblos, en detrimento de las macro-urbanizaciones. Asimismo, pide un mayor impulso de los equipamientos turísticos --hoteles y campings-- en vez de segundas residencias.

También demanda a los Ayuntamientos que dejen de guiarse por "su interés particular" para favorecer la creación de un nuevo esquema de financiación municipal, al tiempo que solicita "la tutela efectiva de las Comunidades Autónomas".

La cuarta medida hace alusión a la falta de interés de las autoridades por la ciudad "que ya existe" ante "la ciudad/urbanización que vendrá". Por último, la Fundación demanda que "todo el comercio, salvo razonadas excepciones, se ubique en la trama urbana".

ECODES constata que, entre 1987 y 2000, la superficie del área metropolitana de Zaragoza ha crecido un 21,6% mientras que la superficie urbanizable en Aragón aumentó un 32% en los últimos 20 años, por lo que a este ritmo, "dentro de seis años se habrá acabado con todo el suelo urbanizable planificado en el Pirineo aragonés". Además, el suelo utilizado para redes de transporte aumentó un 53%. Un 76% de esta cifra ha sido arrebatado de suelo agrícola.

ECODEs también hace alusión al último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), medido por Transparencia Internacional y presentado a principios de este mes, en el que España alcanza una nota de 6,8 sobre 10, debido a la corrupción derivada del sistema urbanístico, fruto del sistema de financiación de las administraciones locales.

Por otro lado, la próxima Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que se encuentra en el Consejo de Estado para su informe preceptivo, obligará a establecer unas zonas en cada territorio en función de la contaminación y en base a ellas se realizarán las futuras urbanizaciones y ordenaciones de territorio, según explicó recientemente la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.