Actualizado 11/01/2006 19:39

RSC.- ONG exigen al Gobierno argentino que "cumpla y haga cumplir" la ley de inserción laboral de discapacitados


MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una coalición de ONG que trabajan con personas con discapacidad intelectual en Argentina exigieron esta semana al Gobierno del país que "cumpla y haga cumplir" la ley de inserción laboral de personas discapacitadas "en todas sus formas".

"Sustituir pensiones no contributivas por fuentes de trabajo genuinas debería ser la primera meta de un Gobierno preocupado por las necesidades de las personas con discapacidad", señala la carta que las organizaciones han enviado al Ministerio de Trabajo, a la Comisión Nacional Asesora para Personas con Discapacidad (CONADIS), al Ministerio de Desarrollo Social, y a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y recogida por el Boletín de 'ComunicaRSE'.

Según las ONG, en materia de discapacidad, Argentina se encuentra "20 años por detrás" de los países desarrollados. A pesar de existir leyes que obligan a que el 4% de los empleos públicos del país sean cubiertos por personas discapacitadas, éstas no llegan a cumplirse.

Asimismo, añaden que en muchas ocasiones el empleador contrata a un trabajador con discapacidad con contratos temporales y cuando estos terminan "los dejan libres a su suerte y sin posibilidades de obtención de empleo alguno".

Al respecto, Ana Dones, miembro de la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI), explicó que la ley 24.013 establece las formas de contratación para trabajadores con discapacidad y los beneficios o incentivos en las contribuciones de los empleadores.

Sin embargo, según subrayó, el Ministerio de Trabajo "tiene escasas o casi nulas políticas claras, que brinden información sobre los estímulos, y rentabilidad que pueden obtener las empresas al tomar a trabajadores con discapacidad".

Además de REDI, las ONG que han firmado la carta son la Federación Argentina de entidades Pro atención a las personas con discapacidad (FENDIM), Talleres protegidos de Producción APAD, La Fundación FALDAD, la Fundación STEPS y la ONG La Usina. Por el momento siguen a la espera de la respuesta del Gobierno a su petición.