MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Administración promoverá que todas las empresas informen de manera periódica al público sobre aquellas actividades o productos que tengan o puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, en virtud de una enmienda introducida hoy en el Senado al proyecto de Ley de acceso a la información, de participación pública y acceso a la justicia en esta materia.
La Comisión de esta cámara aprobó hoy por unanimidad el dictamen sobre este proyecto de Ley, que será aprobado de manera definitiva para su remisión al Congreso en el pleno del próximo día 20, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
La citada enmienda, pactada por todas las formaciones políticas a partir de una propuesta de CiU, pretende fomentar la transparencia informativa de todas las empresas en esta materia, no sólo de las obligadas a informar, como cementeras, químicas o fabricantes de explosivos, entre otras.
Esta obligación ya se encuentra recogida en el convenio internacional de Aarhus. CiU entiende que la información facilitada directamente por las empresas puede contribuir a la transparencia de las actuaciones y a aumentar la confianza del público en relación con sus actividades.
MULTAS DE 6.000 EUROS POR DÍA
El citado proyecto de Ley, aprobado por el Congreso el pasado mes de mayo, establece multas coercitivas de un máximo de 6.000 euros por día en el ámbito de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Las sanciones pueden fijarse por acciones en contra de los derechos de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas y otros sujetos que la posean en su nombre, entre otras vulneraciones de la normativa medioambiental.
El texto establece que el público que considere que un acto u omisión ha lesionado los derechos de esta normativa podrá interponer una reclamación ante la Administración. Ésta dictará y notificará la resolución correspondiente, agotando la vía administrativa, y, si el requerimiento es desatendido, podrá acordar la imposición de multas coercitivas por el importe que se determine. la normativa autonómica.
Además, este proyecto --que incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus y la transposición de dos directivas europeas-- regula la acción popular a favor de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas sin ánimo de lucro que defiendan el medio ambiente.
