Augura "una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes" y propone once medidas para "mejorar" el proyecto de ley aprobado por el Gobierno
MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Transparencia Internacional cree que el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público supone "un claro paso atrás desde la lógica de prevención de la corrupción", ante lo cual ha propuesto una serie de medidas que cree que debería incluir el futuro texto legal.
En un comunicado, la organización desgrana hasta once medidas que cree "ineludibles" para cimentar una arquitectura jurídica sobre los principios de integridad, transparencia y prevención de la corrupción y la evasión fiscal y que, a su juicio, servirían para "mejorar" el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de noviembre.
"Una gestión transparente de los contratos públicos, como política horizontal, permite explicar a la ciudadanía la gestión de los recursos públicos de acuerdo con su derecho a saber, y bien practicada se convierte en la principal herramienta para una gestión íntegra y profesionalizada de la contratación pública", sostienen.
INDEPENDENCIA, CONTROL Y PROFESIONALIZACIÓN
Entre las medidas detalladas, Transparencia Internacional llama a crear una estructura independiente y cerrada de los órganos administrativos encargados de los recursos contractuales, con la obligatoriedad de colegialidad --"elemento esencial de la independencia"-- y diferenciar la función consultiva y resolutiva. En el ámbito local abogan directamente por suprimir esos órganos.
A pesar de que el proyecto de ley redactado por el Ejecutivo contempla un cambio en la Junta Consultiva de Contratación Pública, la organización apuesta por "una estructura más ambiciosa y con más competencias ejecutivas" con la que corregir disfunciones, y recomienda mirar a Italia, que cuenta con una Agencia Nacional para prevenir la corrupción.
"Obviamente, la agencia de integridad en la contratación pública debería tener carácter independiente", señalan en la asociación, que sugiere dotar de competencias ejectuvias los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, a fin de evitar la multiplicidad de entes y su dispersión.
También hacen un llamamiento por la profesionalización, dejando claro que en la mesa de la contratación no se encuentren cargos políticos y la obligatoriedad de un informe de conveniencia financiera redactado por funcionarios en todo expediente de licitación, "en especial los de concesión o de importe elevado", apostillan.
SIN PUBLICIDAD NO HAY CONTRATO
Otra de las aportaciones que Transparencia Internacional cree necesaria es la de introducir una consecuencia de nulidad en caso de no cumplirse la obligatoriedad de publicar en la Plataforma de Contratos de Sector Público, ya que, pese su carácter obligatorio, no se llega a cumplir.
En este sentido, también hacen referencia a la "dispersión de normas jurídicas" que permite, a su juicio, el incumplimiento de la obligatoria publicidad, por lo que piden unificar el régimen normativo en lo referente a procedimientos de adjudicación y control "con indiferencia de su naturaleza o no de administración pública o importe de contrato".
Si bien consideran un acierto la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía, Transparencia Internacional lamenta que siga manteniéndose la figura del contrato menor, al que se recurre, apunta, de forma "abusiva" a pesar de que su utilización "aconseja cierta exigencia de publicidad para que exista competencia, así como la fijación de un importe global máximo a favor de un mismo licitador".
COMRPOMISO PARA EVITAR EL FRAUDE, EL BLANQUEO Y LA EVASIÓN.
Otra de las causas para rescindir un contrato propuesta por la organización es la vulneración de una declaración responsable y pública --también abre la puerta a sanciones-- en la que se exigiría a la adjudicataria la prohibición de destinar, tanto la empresa como sus filiales, posibles beneficios del contrato a paraísos fiscales.
Así, Transparencia Internacional propone directamente incluir en el artículo dedicado a las condiciones de ejecución del contrato la inclusión de condiciones especiales, obligando a ejecutar el contrato "con criterios de equidad y transparencia fiscal, sin incurrir en blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda Pública o utilización de paraísos fiscales".
Transparencia Internacional también alude a cambios en las fases de contratación, pues piden que se extienda el recurso especial al margen del importe. La nueva legislación no lo contempla por motivos presupuestarios, "un error desde la perspectiva del derecho a una buena administración, razona la organización, que sugiere, al menos, extender este recurso especial a todos los contratos de forma gradual, en función del importe.
AUGURA "UNA NUEVA ETAPA DE DESCONTROL EN LOS SOBRECOSTES"
Asimismo, aboga por ampliar la legitimación para impugnar e impulsar "una doctrina clara que preserve los principios de seguridad jurídica y predictibilidad", así como regular y limitar los modificados contractuales. En este punto, la entidad advierte de "una nueva etapa de descontrol en los sobrecostes", pues considera que, al posibilitar la libre modificación en ciertos contratos, se incentiva la creación de "entes instrumentales para alejarse del control y reglas públicas".
Aun limitando la superación al 20% del importe, Transparencia Internacional entiende este supuesto como "un claro retroceso en la lógica de la regeneración democrática y la prevención de la corrupción". "Debería ser objeto de replanteamiento, optando por las mismas reglas y regímen de control para cualquier tipo de modificación contractual", advierte, para concluir que "lo que está en juego es la eficiencia y el derecho a una buena administración".
Por último, la organización cree necesario impulsar los medios electrónicos --dotando los sitemas de agilidad, accesibilidad y gratuidad-- para que la contratación sea más transparente. En este sentido, piden que exista un plazo a partir del cual la compra pública electrónica sea obligatoria.
