MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
UGT ha defendido este martes en el Congreso que la proposición de ley de renta mínima, impulsada junto CC.OO. y tramitada en estos momentos por la Cámara Baja, es "realista" y que "la única premisa de partida que es ineludible" para ponerla en marcha es que exista "voluntad política".
Así, ha instado a aumentar los ingresos públicos, recordando que España recauda 6,7 puntos menos del PIB que la zona euro en impuestos y cotizaciones, lo que provoca que, actualmente, el país no cuente con recursos.
"No tiene ninguna justificación económica, y tiene un efecto claro: no tenemos recursos suficientes para abordar las políticas públicas que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Por eso gastamos 5,4 puntos menos de PIB que la media de la eurozona", ha dicho la secretaria Confederal de UGT, Adela Carrió.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social para defender la iniciativa, Carrió ha asegurado que esta diferencia suponen 75.000 millones de euros que España no ingresa, y que frente a países como Francia o Dinamarca esta brecha se eleva a los 10 puntos de PIB, equivalente a 110.000 millones.
Esto ha llevado a la representante de UGT a alegar que la financiación de esta prestación, dirigida a personas que hayan agotado sus prestaciones por desempleo y que, en condiciones de trabajar, no cuenten con ingresos ni renta suficiente, "es posible".
Entre las medidas planteadas por UGT para mejorar la recaudación, Carrió ha citado la mejora en la lucha contra el fraude, elevar la recaudación en el Impuesto de Sociedades, aumentar la imposición "sobre la riqueza", aumentar los impuestos medioambientales y eliminar los beneficios fiscales a los planes privados de pensiones.
ENCAJE COMPETENCIAL Y GESTIÓN
Para UGT, "el actual sistema de protección social no ofrece ningún tipo de cobertura ni protección a las nuevas situaciones que se están produciendo, entre otros motivos, porque el perfil de los perceptores es radicalmente opuesto".
Así, diferencia entre las rentas mínimas de inserción como una prestación dirigida a personas que carezcan de recursos suficientes, dentro de la intervención sociolaboral para personas en situación de exclusión, y ha señalado que estos programas obligan a la participación de actividades dirigidas a la inclusión.
Además de la diferente implantación de las rentas mínimas en función de las comunidades autónomas, y su reconocimiento o no como derecho subjetivo --y ejecución en función de la disponibilidad presupuestaria--, Carrió ha señalado que estas rentas "no son válidas para ser destinadas a los desempleados que han agotado las prestaciones por desempleo".
Por otro lado, UGT cree que se prestación tiene "perfecto encaje" en las competencias atribuidas a la Seguridad Social --"hace ya tiempo que ha superado una concepción que la vinculaba exclusivamente a la contributividad", reza el documento remitido por la organización--, aunque ha instado a la comisión a "clarificar y despejar todas las dudas" que puedan suscitar con el fin de que "quede plenamente claro" que es una prestación no contributiva del régimen jurídico de la Seguridad Social.
En todo caso, la organización ha señalado que, aunque entiende que la entidad gestora competente de la prestación es el IMSERSO, el hecho de que se atribuyera a las comunidades autónomas su gestión "no sería contrario al espíritu de esta iniciativa", siempre y cuando se mantuviera como prestación de la Seguridad Social.
