La OCU solicita que el administrador de Air Madrid declare en calidad de imputado
MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió hoy al juez Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, que admita a trámite la denuncia presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía aérea Air Madrid por los delitos de estafa y fraude contra los consumidores.
El fiscal explica que los hechos con relevancia penal que sustentan la interposición de la denuncia consisten en que Air Madrid siguió vendiendo billetes "con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", mediante "alegaciones y afirmaciones presuntamente falsas y sin posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos con la venta de billetes".
Tras cancelar sus vuelos "han resultado perjudicados una generalidad de personas", del territorio de más de una Audiencia Provincial, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos. El fiscal insiste en que Air Madrid ha causado "un grave perjuicio a los consumidores al seguir ofreciendo sus servicios mediante alegaciones y afirmaciones presuntamente falsas y sin posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos".
Las diligencias que la Fiscalía solicita al juez consisten en pedir al Ministerio de Fomento "copia del expediente abierto a la mencionada compañía y de las reclamaciones" presentadas contra ella, así como que la Unidad de Delitos Económicos de la Comisaría General de Policía Judicial realice un informe sobre la entidad e identifique a su jefe de marketing.
Las personas vinculadas con la compañía serán interrogadas por el magistrado (si éste decide admitir a trámite la denuncia, como le pide el fiscal) como testigos o imputados, en función de su grado de implicación en los hechos delictivos.
OCU PIDE LA IMPUTACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE AIR MADRID
La OCU solicita en su denuncia que el administrador de Air Madrid declare en calidad de imputado y aclare todos los extremos necesarios para el "esclarecimiento" de estos hechos, según el texto de la denuncia al que tuvo acceso Europa Press. Asimismo, la Organización pide que, en su condición de "denunciante y representante" de los consumidores afectados, se cite al secretario general de la Organización para "ratificar la denuncia y para precisar que esta parte ejercitará acción popular y además presentará la posible reclamación por cada perjudicado".
Por otro lado, la Organización señala que la Audiencia Nacional es competente para encargarse del caso, ya que se trata de un delito con "multitud de perjudicados" tanto en el territorio nacional como fuera del mismo, y que supone una "grave repercusión" para la economía de los afectados, así como para la "seguridad y el prestigio del tráfico aéreo".
La OCU recuerda en la denuncia que "en las últimas fechas" Air Madrid ha sido "polémica" por sus "constantes y graves retrasos", que llevaron al Ministerio de Fomento a abrir un expediente a dicha empresa por sus incumplimientos. La OCU señala que Air Madrid decidió de forma "inopinada" suspender sin previo aviso todos sus vuelos, "dejando en tierra a unos 100.000 afectados", que se han sentido "estafados" por la compañía, que "no asume responsabilidad alguna por su conducta".
La Organización apunta que la "relevancia penal" de dichos acontecimientos radica en que en los días anteriores a la suspensión de las operaciones de Air Madrid, la aerolínea siguió vendiendo billetes "con total normalidad" y apuntó que una medida como la de suspender todos los vuelos en todo el mundo "requiere una preparación previa" y "no se improvisa". La OCU considera que es necesario investigar si la compañía vendió billetes cuando sabía que el vuelo no se iba a realizar, lo que supondría un "ilícito penal".
Asimismo, la OCU señala que las actuaciones de Air Madrid --la compañía publicó un comunicado "muy elaborado", cerró su web, organizó las cancelaciones de vuelos en todo el mundo-- "llevan a pensar" que la empresa podía tener pensado suspender actividad mucho antes, pero que "ha seguido vendiendo a sabiendas de su seguro incumplimiento".
La OCU considera que la empresa "podría haber incurrido en un ilícito penal" al anunciar y ofrecer sus servicios mediante alegaciones y afirmaciones falsas y que pueden causar un "grave perjuicio" a los consumidores.
