BRUSELAS, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy que no decidirá hasta después de Navidad si lleva o no a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la facultó para analizar y poner condiciones a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa.
El Ejecutivo comunitario exigió formalmente al Gobierno el pasado 26 de septiembre la modificación de este decreto por considerar que vulnera los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento. Lo hizo a través de un dictamen motivado, la segunda fase del procedimiento de infracción, y esta semana vence el plazo de las autoridades españolas para responder al requerimiento.
El portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Oliver Drewes, explicó que la Comisión abordará el 12 de diciembre los diferentes procedimientos de infracción pendientes, pero no el decreto de la CNE por falta de tiempo para analizar los siguientes pasos a seguir.
"En ningún caso estaremos preparados para tratar este caso ese día porque tenemos que hacer un análisis legal, así que no esperen más avances en este caso antes de las vacaciones de Navidad", dijo Drewes a los periodistas en rueda de prensa.
Bruselas cree que el procedimiento de autorización previa que establece el decreto para adquirir participaciones superiores al 10% en empresas que realicen actividades reguladas "excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros".
Asimismo, la Comisión considera que en la legislación comunitaria ya "están tratadas claramente las preocupaciones de las autoridades españolas a este respecto". La ley española en cuestión es el Real Decreto-Ley 4/2006, de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la CNE.
El decreto incluye las causas por las que la CNE podrá autorizar o denegar las adquisiciones: la existencia de riesgos en relación con las actividades mencionadas, la incapacidad de realizarlas como consecuencia de otras actividades desarrolladas por la entidad adquiriente o por la adquirida, la protección del interés general y cualquier otra causa de seguridad pública.
En el caso E.ON-Endesa la Comisión ha pedido también al ministerio de Industria que elimine las nuevas condiciones impuestas a la fusión, entre ellas la obligación de mantener la marca Endesa o de comprar nacional. Y mantiene abierto otro expediente porque considera que todavía no se han retirado las condiciones iniciales impuestas por la CNE, que declaró también en su momento ilegales.
