Ciudadanos quiere reforzar la inspección de centros administrativos señalados por el Tribunal de Cuentas

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda
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Actualizado: domingo, 22 julio 2018 13:49

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos quiere inspeccionar "una a una" las unidades administrativas en los que el Tribunal de Cuentas o el Gobierno detecten deficiencias en los procesos de contratación pública.

Así consta en la proposición no de ley, recogida por Europa Press, que su portavoz de Presupuestos, Vicente Ten Oliver, ha registrado en el Congreso para su debate y votación ante el Pleno de la Cámara Baja.

Con ella reclama al Gobierno un plan de actuación que acabe con las deficiencias administrativas en la contratación, aumente la competencia, la transparencia y la eficiencia en la compra pública. Asimismo, pide elaborar y distribuir materiales y sistemas que se estimen necesarios para la correcta gestión de los procedimientos de contratación.

La formación naranja destaca que la contratación pública supone cada año alrededor del 18,5% del PIB --unos 194.000 millones de euros--, de la cual aproximadamente una cuarta parte, el 25%, "adolece de falta de competencia", según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al que alude Cs.

"INFORMES MAYORMENTE IGNORADOS"

En este sentido, señala las deficiencias detectadas periódicamente por el Tribunal de Cuentas en sus informes, "mayormente ignorados", lamenta, remitiéndose a que el grado de cumplimiento de sus recomendaciones "es limitado o nulo".

Por todo ello, Ten Oliver reclama atender a varios aspectos en la contratación, como tener un mayor cuidado y precisión al redactar los requisitos de solvencia, las necesidades reales a satisfacer, las motivaciones de los informes técnicos de valoración o un mayor seguimiento de la ejecución de los contratos.

Por otro lado, también pide poner especial énfasis en promover la compra pública 'verde' o ecológica, con el fin de alcanzar el objetivo del 50% que se fijó la Comisión Europea. Un porcentaje que se determinó con vistas a 2010 pero que en España, por el momento, oscila entre el 20% y el 40%.