1 de diciembre de 2020
12 de marzo de 2017

Comprar coches de la chatarra para cobrar ayudas, el supuesto fraude que puede afear el nombre del PIVE

Comprar coches de la chatarra para cobrar ayudas, el supuesto fraude que puede afear el nombre del PIVE
PIXABAY

MADRID, 12 Mar. (EDIZIONES) -

El Gobierno autorizó en 2012 por primera vez el ahora famoso Plan PIVE, un proyecto del que se han aprobado ocho ediciones durante cuatro años y cuyas siglas responden a 'Programa de Incentivos a los Vehículos Eficientes'.

El objetivo del plan era incentivar la economía del país a través de ayudas para la compra de vehículos eficientes. ¿Cómo funcionaba? Fácil: Hasta 2015, con la llegada de la séptima edición del PIVE, con la entrega de un coche usado (para destinarlo a chatarra) el usuario recibía entre 2.000 y 3.000 euros, que debía destinar a la compra de un vehículo nuevo y más respetuoso con el medio ambiente.

El trámite para que el cliente final recibiera la ayuda pública no era complicado, solo se requería que el vehículo entregado para recibir la ayuda a cambio estuviera a nombre del comprador en el momento del intercambio.

En las bases establecidas por el Gobierno, como ha denunciado en varias ocasiones la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, no se tenía en cuenta el estado del coche ni se requería que este hubiese sido propiedad del cliente durante un determinado tiempo.

No fue hasta 2015 cuando Industria modificó las condiciones para recibir esta ayuda. Desde entonces, en las ediciones 7 y 8 del plan PIVE los solicitantes debían demostrar que el coche que cedían para poder beneficiarse de la ayuda había sido de su propiedad al menos durante un año. Además, el vehículo a dar de baja a partir de entonces debía tener pasada la ITV.

PAGAR POR CHATARRA

Desde la OCU detalla que la trampa llevada a cabo por algunos desguaces y concesionarios era la siguiente: "El vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador, en caso de no disponer de coche propio que cumpliera con los requisitos, la posibilidad de transferir a su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones del Plan PIVE para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo".

La organización sostiene que los concesionarios que perpetraban esta estafa ofrecían al comprador la posibilidad de poner a su nombre un coche retirado por otro usuario durante el tiempo que lo requería el trámite. Una gestión, según sostiene la organización, por la que el cliente pagaba de media 430 euros y en la que en algunos casos se llegaban a falsificar las firmas de los contratos de compraventa y los documentos de transferencia.

CIUDAD REAL, LA SUPUESTA PUNTA DEL ICEBERG

El único escándalo investigado hasta el momento saltó a finales del pasado febrero. Fue entonces cuando la Guardia Civil detuvo a 78 personas, 75 de ellas en Ciudad Real, en el marco de la operación 'Preveo' como presuntas autoras de este fraude realizado a costa del Plan PIVE.

Las investigaciones se remontan a diciembre de 2015, cuando la Guardia Civil empezó a tirar del hilo de una denuncia interpuesta por un vecino de Villanueva de los Infantes, quien aseguraba que le estaban cobrando el impuesto de vehículos de tracción mecánica por un coche que había entregado para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos de La Solana.

Los investigadores advirtieron de la existencia de anomalías en la tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una tercera persona y dado de baja a los tres días del cambio de titular sin que el denunciante prestara consentimiento alguno.

Los agentes realizaron entonces una inspección en la que se determinó que los documentos de los vehículos entregados al desguace para su baja estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas por la compra de vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan PIVE.

Según apuntan desde la OCU, el desguace La Solana, a través de una gestoría, se encargaba de falsificar los contratos de compraventa y los documentos de transferencia.

LA OCU APUNTA A MUCHOS MÁS CASOS

La OCU denuncia que el supuesto fraude de Ciudad Real no es un caso aislado. Según una investigación que la organización llevó a cabo en noviembre de 2014 en la que visitaron 129 concesionarios de 10 ciudades presentándose como clientes interesados en la compra de un vehículo nuevo, en el 99% de los concesionarios, por aquel entonces, se presentaba al futuro comprador la opción de llevar a cabo este trámite si no disponía de un coche propio que donar a la chatarra.

Fue entonces cuando la organización denunció el fraude mediante un comunicado en el que aseguraba que el 84% de los concesionarios oficiales de marcas disponían de acuerdos con desguaces para llevar a cabo estas transacciones, pactos que de haberse materializado podrían haber supuesto un elevado coste para las arcas públicas.

LOS CONCESIONARIOS SOSTIENEN QUE ERAN "RESIDUALES" Y "EVITABLES"

La acusación de la OCU choca con la postura de los concesionarios. Desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto, aseguran que las prácticas ilícitas son "totalmente residuales" y defienden la importancia que ha tenido este plan para el sector. "Hay que recordar que se han hecho más de un millón de operaciones", recalcan desde Faconauto en declaraciones a Europa Press.

Además, la federación asegura que las prácticas ilícitas investigadas por la Guardia Civil en Ciudad Real podrían haberse evitado con la exigencia de la titularidad del vehículo doce meses antes de la fecha de solicitud de la ayuda del PIVE.

Desde la patronal defienden que están seguros de que "no es un caso generalizado", y apelan a que eso sería "echarse piedras sobre su propio tejado".

En la misma línea, Faconauto defiende que el PIVE ha sido un instrumento idóneo para modernizar el parque automovilístico español y para mejorar los niveles de emisiones contaminantes y la seguridad vial, además de para recuperar las ventas del sector del automóvil, un sector que, recalcan, "es estratégico para la economía".