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MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Compromís-Equo ha registrado en el Congreso, para su debate en la Comisión de Hacienda, una proposición no de ley con la que urge al Gobierno a modificar la Ley de Contratos Públicos para evitar las licitaciones a coste menor del real y las consecuentes desviaciones presupuestarias, así como a crear un nuevo organismo público que controle los abusos y fraudes de este tipo.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el diputado Joan Baldoví justifica la necesidad de estos cambios en el contencioso surgido entre Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá a cuenta de los sobrecostes en el proyecto de ampliación del Canal, "para cuya adjudicación el grupo empresarial ofreció la mitad del precio de licitación público calculado por la Administración".
Según el valenciano, este conflicto "ha puesto de relieve la práctica habitual que se sucede en España, donde los sobrecostes en las obras públicas son más la norma que la excepción" y que se deriva, cree él, de la adjudicación de los contratos a ofertas temerarias que proponen un precio muy bajo "contando con su progresivo incremento a medida que la obra avanza".
"La connivencia o no de los gestores de la Administración pública con estas empresas es algo de lo que debiera ocuparse la Fiscalía Anticorrupción con mayor asiduidad", cree Baldoví, para quien las ofertas temerarias deberían recibir un "rechazo contundente de manera preceptiva y no voluntaria".
SÓLO PARA CASOS "REALMENTE IMPREVISIBLES"
Por eso, propone al Gobierno que reforme la legislación de contratos públicos actual para "impedir la existencia de sobrecostes y poner fin a la práctica habitual de licitación por precio bajo con la garantía de su progresivo incremento", dejando esta posibilidad únicamente para los casos "extraordinarios y realmente imprevisibles" que prevé ya la normativa.
Y es que, a su juicio, "no es razonable" que las desviaciones lleguen a suponer el triple del precio original, sobre todo porque las obras públicas suelen ser proyectos de larga duración, lo que incrementa aún más estos desfases presupuestarios.
Por otra parte, Compromís-Equo plantea la posibilidad de sustituir las actuales juntas de contratación administrativa por un organismo regulador y controlador de los contratos públicos "con potestad ejecutiva, que actúe con celeridad, eficacia y transparencia" en el seguimiento de las adjudicaciones y que además dé pautas a los poderes adjudicadores y a los contratistas para evitar abusos y fraudes en la contratación, hechos que "siempre repercuten negativamente tanto en el dinero público como en el retraso de las obras".
