KIEV, Ucrania, December 29, 2016 /PRNewswire/ --
El 18 de julio de 2016, el Tribunal de Distrito de Limassol (República de Chipre) rechazó la petición del fideicomiso "The DNS Trust Settlement" para nombrar a la dirección en la compañía "Agrein Holding Limited", que estuvo en el proceso de adquirir grandes activos en el sector agrario de Ucrania. El tribunal hizo un dictamen después de descubrir que la reclamación se basaba en falso testimonio y engañosas acusaciones.
Así, el tribunal de Chipre evitó un intento de establecer el control sobre el grupo de grandes compañías agrícolas en Ucrania que posee un total de 130 mil hectáreas de terreno valoradas en más de 100 millones de dólares estadounidenses. La actual directiva de Agrein ha llamado al intento un ataque de levantamiento.
Principalmente, este no es el primer intento de establecer el control sobre los activos ucranianos de la compañía "Agrein Holding Limited". La decisión del Tribunal fue que Lesya Sofiyenko, la demandante y principal beneficiaria en el juicio, utilizó a su familia y sus contactos personales en el gobierno, siendo esposa de un miembro del Parlamento Ucraniano, para lanzar una serie de investigaciones criminales en las que se probaban los préstamos bancarios recibidos por las filiales de la compañía demandada. Tras la investigación, se descubrió que los procedimientos criminales eran infundados y el caso se cerró.
En relación con el testimonio de las partes en el caso, el Tribunal de Distrito de Limassol estableció que la señora Sofiyenko estaba bajo juramento. La señora Sofienko dio a los jueces información falsa. Según el tribunal, la señora Sofiyenko falló al revelar sus obligaciones a "Agrein Holding Limited" y sobre la violación de dichas obligaciones.
Es común entre las empresas ucranianas proteger su propiedad y evitar levantamientos registrando compañías de tipo holding en jurisdicciones extranjeras como Chipre. Sin embargo, cuando el derecho a incautar activos va más allá del alcance de los tribunales ucranianos, los perpetradores intentan explotar el sistema judicial de los países extranjeros proporcionando falsa información y evidencias falsas.
Ucrania no es inmune a la práctica cuando las compañías deshonestas implican a los tribunales para incautar activos de otros. De hecho, Ucrania ocupó el puesto 115 de 138 países según el International Property Rights Index 2016, mientras que el año pasado se situó en el puesto 109 entre 129 países.
Según la Unión de Empresarios de Ucrania de anti-asaltantes, hay más de 30 grupos de asaltantes que operan en el país. En 2015, de 3.000 ataques, 2.700 acabaron con éxito para los perpetradores, según la Unión.
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