MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ley del Parlamento vasco para crear un fondo de compensación para víctimas del amianto se enfrentará la próxima semana a su primer debate en el Congreso, ya que este martes está previsto que el Pleno estudie y vote su toma en consideración.
La iniciativa, impulsada desde el Parlamento del País Vasco, establece la creación de un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, que ha causado numerosas muertes y enfermedades a personas que han estado expuestas al mismo.
Según la propia iniciativa, entre 1994 y 2008 murieron en España 3.943 personas por enfermedades vinculadas directamente al amianto. Esta sustancia, que hace años era muy utilizada en la construcción y en la industria, ha sido prohibida debido a su carácter cancerígeno.
El Parlamento Vasco envió por primera vez esta iniciativa al Congreso en la anterior legislatura, pero la disolución de la Cortes por la falta de acuerdo para formar Gobierno impidió que se debatiera su toma en consideración. Ya en la presente legislatura, el Gobierno vetó su tramitación alegando que aplicarla supondría un aumento del gasto.
Después, la cámara autonómica retocó la iniciativa y, en ese segundo intento, sí logro esquivar el veto pues el nuevo texto otorga mayor margen al Ejecutivo para su aplicación, condicionando la misma a los Presupuestos del año siguiente a la aprobación de la ley.
INDEMNIZACIÓN EN SEIS MESES DESDE SU PUESTA EN MARCHA
El proyecto recoge la naturaleza y organización del fondo, especificando "fines, procedencia de recursos económicos y la estructura organizativa", determina a los empresarios, las mutuas y las personas titulares de derechos como aquellos que están obligados a cotizar al fondo". También reserva aportaciones vía Presupuestos o de consignaciones o transferencias previstas en otras leyes.
Asimismo, establece un plazo de seis meses como máximo para que las personas afectadas tengan derecho a la indemnización efectiva por parte del fondo de compensación y menciona las acciones de subrogación y la obligación del Gobierno a que en un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la ley, apruebe el decreto de estructura y organización del fondo.
