EUROPA PRESS
MADRID, 11 Dic. (EDIZIONES) -
Desde que en 2012 el Ministerio de Fomento contemplase rescatar algunas autopistas al borde del concurso de acreedores, las concesiones de estas vías han pasado por un largo periplo.
El sobrecoste que afrontaron por las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron, así como la crisis económica que provocó una disminución del tráfico en estas infraestructuras hasta situarlo en a niveles de la década de los noventa, son los principales factores que han abocado a la quiebra a ocho autopistas españolas.
En 2017, el ministro de Fomento del PP, Iñigo de la Serna, anunció que el Estado se quedaría finalmente con todas las autopistas insolventes y en riesgo de liquidación.
Se trata de las cuatro radiales de Madrid, esto es R-2 (Madrid-Guadalajara), R-3 (Madrid-Arganda), R-4 (Madrid-Arganda), R-5 (Madrid-Navalcarnero) ,AP-41 (Madrid-Toledo), AP-7 (Cartagena-Vera), AP-3 (Ocaña-La Roda), M-12 (Eje Aeropuerto) y la Circunvalación de Alicante.
Rescatadas ya prácticamente la totalidad de las autopistas, salvo la AP-41, a punto de llevarse a cabo el rescate, el Gobierno del PSOE tiene intención de volver a ceder a empresas privadas las explotación de estas vías aunque no se podrá lanzar "antes de 2019". El actual equipo que dirige José Luis Ábalos concluye que el proceso de relicitación de las autopistas "está en una fase demasiado inicial para que se produzca antes de 2019".
Este plan de relicitación forma parte del proyecto de 'rescate' que diseñó y puso en marcha el anterior equipo de Fomento.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
El proceso de nacionalización de estas vías se debe a la activación de la cláusula de Responsabilidad Patrimonial (RPA). Esta figura jurídica obliga al Estado a hacerse cargo de las infraestructuras tras el desistimiento de las empresas concesionarias y obliga además a resarcir estas últimas. Fomento mantiene el cálculo del Gobierno de Mariano Rajoy, que estimaba en 1.800 millones lo que supondra el 'rescate' a las arcas públicas.
Es el importe que, según el ministerio, debe pagar a las anteriores concesionarias por la inversión que realizaron en construir las vías y que no les dio tiempo a amortizar, es decir, la RPA.
Sin embargo, el importe calculado por el Gobierno es menos de la mitad respecto a los entre 4.000 y 5.000 millones que las concesionarias y 'fondos oportunistas' que se quedaron con la deuda de las vías estiman y reclaman como RPA.
En julio de 2018, el Gobierno dio inicio al periodo de seis meses para calcular y pagar la 'factura' del 'rescate' por el Estado de las autopistas quebradas al rescindir los contratos de concesión de las vías. Con ello, el plazo para pagar terminaría el 13 de enero de 2019.
¿CUÁNTAS AUTOPISTAS SE HAN VISTO AFECTADAS?
El punto de partida se sitúa el 11 de mayo de 2012, cuando la sociedad concesionaria de la autopista de peaje AP-41 Madrid-Toledo solicitó el concurso voluntario de acreedores y se convertía así en la primera autopista que lo pedía.
Impulsado por el efecto dominó, R-4 Madrid-Ocaña fue la segunda vía que se adhería al concurso en el año 2012, tras no poder afrontar el pago de la deuda de 575 millones de euros y después de que prorrogase, hasta en cuatro ocasiones, el acuerdo de espera que había alcanzado con sus bancos sobre el pago de dicho préstamo.
Paralelamente a ello, Accesos de Madrid, la sociedad concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5 abrió una negociación con sus bancos acreedores para renegociar la deuda que, en ese momento, alcanzaba los 500 millones de euros.
Sin embargo, estas dos últimas vías siguieron abiertas al tráfico, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid decidiera dejar sin efecto la orden de cerrar el próximo 1 de octubre tras dictar su liquidación, al aceptar el compromiso del Ministerio de Fomento de hacerse cargo de las autopistas a partir del 1 de julio de 2017.
Por su parte, Henarsa, sociedad concesionaria de la autopista R-2 que une Madrid con Guadalajara, fue la última de las cuatro radiales de la Comunidad de Madrid en declararse insolvente con una deuda financiera de 450 millones de tal forma que, a finales de 2013, todas las vías de peaje de esta región ya estaban en quiebra.
La AP-7 Cartagena-Vera, la AP-36 Ocaña La Roda y la M-12 que conecta Madrid con el Aeropuerto Adolfo-Suárez Madrid-Barajas, son otras de las carreteras que quebraron como consecuencia la crisis económica.
Destaca el caso de Ausur, la sociedad concesionaria de la autopista Alicante-Cartagena, que logró evitar el rescate a finales de 2014 gracias a un préstamo de 196 millones de euros suscrito con quince entidades financieras.
Desde el inicio de la crisis, el tráfico general en las autopistas experimentó acusados descensos. En concreto, en 2008 esta contracción fue del 6,8%, tendencia que continuó en los años posteriores, hasta 2014, cuando el número medio de vehículos comenzó a repuntar; en 2017, todas las autopistas habían visto aumentar su tráfico salvo la AP-41 que une Madrid con Toledo, que descendió un 0,17%.
No obstante, y a pesar de este aumento, aún no han alcanzado los niveles precrisis y, menos aún, las estimaciones realizadas cuando se construyeron, una de las causas de su quiebra junto con el sobrecostes de las expropiaciones.
EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PEAJES
En este contexto, el peaje de las nueve autopistas bajará una media del 30% a partir del próximo 15 de enero de 2019, según ha anunciado el ministro Ábalos. Además, también serán gratuitas durante la noche, entre los 0.000 horas y las 6.00 horas.
"Ello generará un aumento del tráfico y permitirá aumentar sus ingresos, mejorar la movilidad y aprovechar mejor estas infraestructuras", indicó el ministro durante su intervención el 'El Ágora' de 'El Economista'. Las vías que se beneficiarán de esta rebaja de peaje suponen el 20% de la red de pago.
En el caso de la AP-41 Madrid-Toledo, la rebaja del peaje comenzará a aplicarse en el momento en que concluya el proceso concursal de la vía que actualmente se ultima, se materialice su rescate y pase también a depender de Fomento, según detallaron a Europa Press en fuentes de este Departamento.
Esta subida es la que resulta de la fórmula de actualización anual automática de peajes que el Gobierno y el sector concesional pactaron en 2002. La fórmula tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente y se pondera en función de la evolución de los tráficos.
