BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
España, Francia, Italia, Portugal y Grecia han elaborado un documento conjunto con propuestas para la reforma del sector del vino en el que defienden que se mantenga la prohibición de plantar nuevos viñedos, así como la continuidad de instrumentos de gestión de crisis, como ayudas a la destilación y al almacenamiento a largo plazo en caso de excedentes.
Los cinco Estados miembros recuerdan que la UE es el primer productor de vino del mundo, y que el sector vitivinícola representa "una actividad económica de primera importancia, sobre todo por lo que se refiere a las exportaciones". No obstante, advierten de que se enfrenta "a una competencia cada vez más fuerte" por parte de países como Australia y Chile, en un contexto de "estancamiento" del consumo interior.
Por ello, piden que "se consolide" el presupuesto de la UE para el vino, porque sólo es el 3% del total de la política agrícola común, pese a que el sector genera el 7% del valor añadido agrícola. La reforma del sector debería basarse en cuatro principios: el control y la adaptación del potencial de producción; la gestión de crisis con herramientas más adecuadas; el apoyo a la comercialización de productos de la viña y la defensa y protección de las indicaciones geográficas.
Por lo que se refiere al control de la producción, los cinco abogan por mantener la prohibición de plantar nuevos viñedos "al menos durante los próximos años", y se oponen también a la vinificación y la mezcla de mostos o vinos procedentes de países de fuera de la UE para no generar excedentes.
Reclaman también la continuidad del régimen de arrancado definitivo de viñedos, aunque señalan que no debe ser "exclusivo" ni "privilegiado" por su carácter "irreversible" y sus consecuencias negativas sobre el medio rural. En este sentido, proponen como alternativa un régimen temporal, que consistiría en dar ayudas a los viticultores que arranquen los viñedos, y congelar el derecho de plantar durante algunos años, al cabo de los cuales podría volverse a plantar.
Por lo que se refiere a la gestión de las crisis, los cinco Estados miembros piden que se mantenga la práctica de destilación de crisis de los caldos de mala calidad para uso industrial, porque permite eliminar hasta un 3,5% de la producción comunitaria y juega un papel positivo desde el punto de vista medioambiental. Proponen que sea obligatoria en el territorio de los Estados miembros que así lo deseen.
También solicitan que se mantengan las ayudas al almacenamiento privado. Otros instrumentos complementarios para la gestión de crisis serían la destrucción preventiva de parte de la cosecha, antes de la vendimia, cuando ésta se anuncie excesiva; la posibilidad de que las organizaciones de productores puedan imponer límites de producción a sus miembros; o la creación de cajas de seguridad, financiadas por fondos públicos nacionales europeos y también por los productores, para atenuar las bajadas de precios.
En el capítulo de la comercialización, los cinco miembros señalan que los nuevos países productores no se imponen límites de producción y tienen una reglamentación más flexible en materia de prácticas enológicas. Por ello reclaman en la UE una "reflexión en profundidad" sobre las prácticas enológicas para reducir las obligaciones sobre los productores europeos y permitirles adaptarse a la demanda, especialmente en los vinos de mesa. Asimismo, pretenden que se refuercen las campañas de promoción para los productos vitivinícolas.
Finalmente, exigen la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales porque constituyen "un elemento importante" para la producción vitivinícola europea.
