El órgano auditor revela un control insuficiente del gasto comunitario, sobre todo el agrícola
BRUSELAS, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha detectado un control deficiente del gasto comunitario tanto en la Comisión Europea como en los Estados miembros, a pesar de la mejora que ha supuesto la introducción de un nuevo sistema contable, según revela en su informe anual relativo al ejercicio 2005. En el caso concreto de España, el órgano auditor indica haber registrado deficiencias "graves" en el control de las ayudas a la producción del aceite de oliva, apreciación que también afecta a otros dos países productores, como Grecia e Italia.
El Tribunal examinó nueve pagos de ayuda a la producción de aceite de oliva de España, Grecia e Italia, y otro caso en Portugal que no arrojó ninguna irregularidad. En el caso de los tres primeros, los Estados miembros declararon alrededor de 2.000 millones de euros y todas las operaciones contenían pagos excesivos y/o uno o varios errores formales.
En Italia, los dos casos examinados eran irregulares. "Los resultados indican la existencia de deficiencias graves en el control del régimen de ayuda a la producción, así como, de forma más general, en la fiabilidad del Sistema de Información Geográfica (SIG) para el cultivo del olivo", indica en su informe el Tribunal.
Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, encuentra algunos errores que aparecían sistemáticamente en los proyectos de algunos programas, entre ellos la Iniciativa comunitaria Equal (FSE), de España, porque no hay pruebas justificativas suficientes sobre los gastos declarados, debido a que las organizaciones encargadas de la formación que se beneficiaban de la financiación no individualizaron claramente la actividad del FSE en sus sistemas de contabilidad.
También detectó problemas en España, Grecia Francia, Países Bajos y el Reino Unido en las primas por animales ovinos. "Los registros de rebaños son objeto de un mantenimiento insuficiente y no resultan fiables para confirmar el cumplimiento de los requisitos del período de retención ni para establecer una correspondencia entre la declaración y el número de animales computado en la inspección", reseña el informe.
Con respecto a la mayor parte del presupuesto de pago --agricultura, medidas estructurales, políticas internas y acciones exteriores-- una vez más el Tribunal expresa sus reservas sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones, porque sigue habiendo niveles de error "elevados".
La situación se debe, según el Tribunal a deficiencias en el control interno, en particular en los Estados miembros, en los gastos de gestión compartida, pero también en los gestionados directamente por la Comisión, como es el caso de las políticas internas.
En el informe se dice que la verificación de los controles internos es "insuficiente o inadecuada" en numerosos ámbitos del presupuesto, tanto en los Estados miembros como en la Comisión.
"En conjunto, la situación no ha variado de manera sustancial desde el ejercicio anterior. Ahora bien, ello no significa que todos o la mayoría de los pagos efectuados con cargo al presupuesto comunitario estén afectados por errores, ni puede interpretarse como una señal de fraude", declaró el presidente del Tribunal, el austriaco Hubert Weber. "Pero sí quiere decir que se detectan errores con un impacto financiero con demasiada frecuencia para que esta institución pueda afirmar que todo marcha como es debido", agregó.
A su juicio, la causa de estos errores reside en que los beneficiarios, es decir los agricultores, las autoridades locales o los gestores de proyectos, solicitan más ayuda de la que les es permitida, por razones que van "desde una simple negligencia o error hasta los presuntos intentos de utilizar de forma fraudulenta el presupuesto comunitario, pasando por un conocimiento insuficiente de la compleja normativa".
No obstante, el Tribunal deja claro que es la Comisión quién debe administrar el presupuesto de forma que el riesgo de irregularidades se reduzca, recurriendo a medidas preventivas y a controles adecuados. El informe refleja que las declaraciones excesivas y los gastos no subvencionables continúan pasando desapercibidos en la mayoría de los ámbitos de gasto comunitario.
GASTO AGRICOLA
Por lo que respecta al gasto agrícola, que ascendió a 48.500 millones de euros, el Tribunal considera que, en su conjunto, se sigue viendo afectado de manera significativa por errores, como declaraciones de gastos excesivas o incumplimiento de obligaciones por parte de los agricultores.
En los nuevos Estados miembros, el SIGC todavía no es plenamente efectivo, por lo que podrían no detectarse declaraciones de gastos excesivas. En el 44 % de los gastos agrícolas que no están cubiertos por el SIGC, como el aceite de oliva, el desarrollo rural y las restituciones por exportación, el riesgo de irregularidades sigue siendo elevado y los controles son insuficientes.
En el caso de las medidas estructurales (32.800 millones de euros), el Tribunal repite su mensaje de ejercicios anteriores: los sistemas de control son débiles, incluidos los controles de gestión cotidianos, insuficientes por parte de las autoridades de los Estados miembros, algo que da lugar a "pagos excesivos o a gastos no subvencionables", ya que los errores cometidos por los beneficiarios en sus declaraciones no se previenen ni se corrigen.
El documento indica, además, que pese a la significativa incidencia de errores detectada por el Tribunal en los pagos a los beneficiarios de las politicas internas, que supusieron 8.000 millones de euros, el número de controles 'a posteriori' de la Comisión representa casi un 50 % menos que el correspondiente al ejercicio 2004. "Los procedimientos de recuperación en caso de infracciones son cada vez más lentos y los mecanismos de sanción, en gran medida inadecuados", denuncia el Tribunal.
En el ámbito de las acciones exteriores, por valor de 5.000 millones de euros se observa que los gastos en la Comisión y en las delegaciones eran en su mayor parte legales y regulares, pero se detectó un nivel de error significativo en las organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos.
En el contexto de la estrategia de preadhesión, que suponen 3.000 millones de euros, el Tribunal considera que la Comisión necesita mejorar la supervisión de los sistemas nacionales. "Unos controles inadecuados menoscaban la eficacia del funcionamiento de la UE", resumió el presidente del Tribunal
DISCREPANCIAS CON LA CE
El Tribunal señala que persisten "debilidades" en los sistemas de control interno de la mayor parte del gasto comunitario y una elevada incidencia de errores en las operaciones subyacentes.
Aunque llega a la conclusión de que las cuentas consolidadas del presupuesto general de la UE en 2005, con un total de pagos efectuados de 104.800 millones de euros, reflejan fielmente la situación financiera de la UE expresa sus reservas por una presentación inexacta del balance y una aplicación incoherente de los procedimientos de separación de ejercicios.
La Comisión Europea, por su parte, asegura que los controles funcionan y que el presupuesto de la Unión está "bien protegido", en palabas del comisario Siim Kallas, responsable de auditoría y antirfraude, que dijo discrepar con la forma en que, a su modo de ver, el Tribunal se centra en "buscar errores individuales en pequeñas muestras de transacciones".
