MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador a Endesa, Iberdrola, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de energía al cliente final y estudia la adopción de medidas cautelares en contra de estas compañías.
Estas prácticas podrían consistir en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.
El organismo presidido por Luis Berenguer advierte de que estas prácticas "anticompetitivas" se producen en un momento "crítico" del proceso de liberalización de tarifas. Además, considera que podrían "estar interfiriendo" en este proceso y, en concreto, en el traspaso de clientes como pymes del sistema regulado al mercado libre.
A partir del 1 de julio, los clientes con consumos inferiores a 10 kilovatios (kW) podrán elegir entre un suministro de último recurso por parte de una de las cinco comercializadoras designadas por el Gobierno, que son precisamente a las que la CNC ha abierto el expediente, y el suministro de una comercializadora en el mercado libre.
Competencia advierte de que esta "interferencia" por parte de las cinco principales compañías eléctricas podría estar, por tanto, coincidiendo con un momento al que califica de "hito" en el proceso de liberalización.
MEDIDAS CAUTELARES.
De forma adicional al expediente, la Dirección de Investigación de la CNC ha propuesto que se adopten medidas cautelares para obligar a las empresas afectadas a restablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras la gestión del traspaso de clientes.
Las prácticas investigadas se producen apenas dos meses después de que el consejo de Competencia sancionara a estas mismas compañías por prácticas similares encaminadas a obstaculizar el acceso de comercializadoras al mercado de suministro de electricidad.
El organismo informa de que la incoación del expediente no permite prejuzgar el final de la investigación y de que se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del caso.
