El crecimiento de las grandes superficies "dependerá de su propia estrategia", según el Departamento de Clos
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pequeño comercio "no contará con la protección específica" que le brinda la legislación nacional y autonómica actual una vez incorporada en España la directiva europea de servicios para evitar discriminaciones entre formatos, según afirmó en una entrevista a Europa Press el director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ignacio Cruz Roche.
La directiva aprobada por el Parlamento Europeo prohíbe formular una legislación que persiga primar a un formato empresarial frente a otro, mientras que la normativa estatal y autonómica en materia comercial "tiene por objetivo favorecer al pequeño comercio", explicó el responsable.
"No se podrá establecer una normativa que pretenda favorecer a un formato de empresa frente a otro, lo prohíbe expresamente la directiva, lo que no quiere decir que el pequeño comercio vaya a quedar indefenso, ya que habrá otros mecanismos de apoyo, pero no contará con una protección específica", sostuvo Cruz Roche.
El director general de Comercio precisó que el principio básico que establece la directiva es que no puede haber discriminación económica, "y si no puede haber discriminación, no puede haber un tratamiento favorable a un formato frente a otro", por lo que "habrá que realizar cambios" en la normativa comercial tanto nacional como regional.
A la luz de las orientaciones de Bruselas, la "casi totalidad" de las comunidades tendrán que reconsiderar los criterios por los que se concede la segunda licencia para instalar establecimientos comerciales en su territorio, al tiempo que habrá que revisar el artículo 6 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, dijo.
MEJORES PRECIOS Y SERVICIOS.
Estos nuevos criterios permitirán "una mayor competencia en el sector", lo que redundará, a su parecer, "en mejores servicios y precios para los ciudadanos", y que el crecimiento de las grandes superficies "dependa de su propia estrategia", una vez cumplidos los requisitos exigidos por las autoridades autonómicas.
"Habrá una mejor incorporación de los criterios de competencia entre formatos, los criterios de proporcionalidad que establece la norma respecto a determinadas prohibiciones y, en definitiva, va a contribuir a que tengamos un comercio que funcione de una forma más eficiente", estimó Cruz Roche.
También pronosticó el fin de las moratorias impuestas por las comunidades que se prolonguen sin justificación al amparo de los planes de ordenación del comercio. "Ahora no hay ninguna norma que impida la permanencia de las moratorias, pero con la nueva directiva -advirtió- esto sería una práctica prohibida y podría ser denunciada ante los tribunales correspondientes".
Según la directiva de servicios, los cambios en la legislación comercial nacional y autonómica deberán acometerse antes de tres años, después del análisis sobre qué puntos de la normativa estatal y autonómica no se adecuan a los principios de la directiva.
MENOS CONFLICTOS EN LOS TRIBUNALES.
Su transposición al ordenamiento jurídico español podría contribuir además a reducir la conflictividad en los tribunales en materia comercial, ya que, por una parte, el organismo competente para dirimir estas cuestiones de derecho comunitario sería el Tribunal de Justicia de la UE si la trasposición de la directiva no se hace bien. Roche indicó que "no sería ya tanto un tema de constitucionalidad como de reclamación ante la UE".
Por otra parte, consideró que la directiva "debería aclarar" el panorama comercial español. "Lo razonable es que (con la trasposición) la conflictividad no sea mayor. Toda norma, por definición, contribuye a reducir la conflictividad, pues establece de forma más clara cuáles son los límites que se han de seguir en el proceso de toma de decisiones", concluyó.
