BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno catalán acordó hoy formular un requerimiento de incompetencia al Gobierno del Estado para poder sancionar en temas de consumo a empresas de venta a distancia con sede fuera de Catalunya que cometan una infracción en territorio catalán.
El objeto del requerimiento lo constituye el artículo 10 del Real decreto 225/2006 de 24 de febrero que regula determinados aspectos de las ventas a distancia y de la inscripción en el registro de empresas de este sector.
El Real decreto establece una nueva regulación del registro de empresas de venta a distancia y sustituye la anterior, que quedó afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que reconocía que era de competencia autonómica la autorización de las empresas de venta a distancia.
Según argumentó el Gobierno catalán, la nueva ley reconoce esta competencia pero introduce de nuevo el artículo 10, que establece que la Comunidad Autónoma competente para sancionar es aquélla en la que tiene el domicilio social la empresa y, si es extranjera, cualquier comunidad en que se haya cometido la infracción.
"Este hecho impide el ejercicio de la competencia sancionadora en materia de consumo asumida por la Generalitat y las otras Comunidades cuando la infracción se comete en su territorio pero la empresa tiene el domicilio en otra comunidad", agregó el Ejecutivo catalán en un comunicado.
