La asociación recibió más de 27.000 consultas y reclamaciones
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción recibió el año pasado un total de 27.682 consultas y reclamaciones en su sede central y sus organizaciones y oficinas territoriales. A la cabeza de las quejas, se encuentran el sector de las telecomunicaciones (23,1%), la compra y reparación de equipamientos electrónicos y otros electrodomésticos (8,8%) y la adquisición de viviendas (8,3).
Según informó hoy este organismo en un comunicado, con motivo de la celebración mañana del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, entre las razones de las quejas a los servicios de telefonía e internet destacan las trabas para admitir las solicitudes de baja, y, sobre todo, la imposición irregular de penalizaciones ante la cancelación de estos servicios por las subidas tarifarias.
Para Facua, estas multas "vulneran la legislación vigente" ya que no suelen coincidir con los descuentos realmente aplicados por las operadoras en la venta de terminales a los usuarios que se dan de alta o aplican los denominados programas de puntos.
Asimismo, la publicidad engañosa, el incumplimiento de las ofertas y el cobro de servicios no contratados son otros de los blancos objeto de las reclamaciones de los consumidores de estos servicios.
En cuanto a la compra de productos electrónicos, las quejas están motivas por los "incumplimientos de fabricantes y establecimientos en materia de garantías". Concretamente, por demoras "excesivas" en las reparaciones y porque las marcas se niegan a sustituir aparatos "tras varias reparaciones infructuosas", a juicio de la asociación.
Por otra parte, la principales razones para denunciar posibles irregularidades en la compra de viviendas hacen referencia a defectos de construcción e incumplimiento de las calidades ofertadas. También las cláusulas "abusivas" y las vulneraciones de contratos.
Entre estos incumplimientos los más comunes son los retrasos en la entrega, anulaciones unilaterales de contratos, documentación no entregada al comprador y falta de cumplimiento de las garantías que el promotor debe ofrecer en las cantidades abonadas antes de firmar las escrituras de un inmueble.
