Reitera que la recuperación del mercado civil es viable, pero debe estar avalada por la SEPI
FENE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Iniciativa Empresarial del Noroeste (IEN) cree que el proyecto presentado por Barreras para Navantia-Fene, si fracasa, puede hipotecar el futuro de la factoría y que los esfuerzos de la Administración, tanto autonómica como central, deben centrarse en la renegociación de los términos en los que se firmaron los acuerdos de diciembre de 2004 para el levantamiento definitivo del veto comunitario que restringe su acceso al mercado civil convencional.
Este objetivo es el que mantiene esta entidad desde hace años para demandar la aplicación de lo pactado en 1997, que limitaba por otro decenio la actividad de la factoría en la construcción de buques. Para la asociación empresarial, que preside Manuel Pérez Pérez, la propuesta de la Xunta, centrada precisamente en la renegociación de los acuerdos para permitir el acceso del sector privado a la explotación de las instalaciones, coincide en gran parte con los requerimientos de la entidad trasladados el pasado año a los Parlamentos central y autonómico.
Sin embargo, Pérez lamenta que mientras que el Congreso de los Diputados respondió a la propuesta de la asociación, no sucediese lo mismo en el caso de la gallega.
Los requerimientos de IEN toman como referencia el derecho que, desde el punto de vista de la entidad, asiste a la recuperación del mercado convencional para la antigua Astano en virtud de unos acuerdos que continúan en vigor y que superan en rango y ámbito al pacto entre sindicatos y SEPI sobre la creación de Navantia.
Desde este punto de vista, Pérez considera que la demanda expuesta por la Xunta y buena parte de los agentes sociales confirma que el acceso del astillero a este segmento es no sólo viable sino una cuestión ineludible.
En la práctica, asegura el presidente de IEN, las declaraciones de los últimos días, tanto por parte de la SEPI como de los responsables de la Xunta y de algunas fuerzas sindicales "demuestran que las reclamaciones son viables y deslegitiman en gran parte los acuerdos de 2004 si, como dice la SEPI, incluyen un pacto para limitar, nuevamente, el acceso al mercado civil".
La entidad empresarial insiste IEN en que la recuperación de este mercado debe hacerse, dado el grado de consenso que parece existir entre las distintas fuerzas políticas con representación en Galicia, bajo la perspectiva de que la aplicación de los acuerdos de 1997 son válidos y que, en consecuencia, es a la propia SEPI a quien corresponde aplicarlos y liderar un proyecto de futuro para la factoría fenesa.
"El interés del capital privado por explotar la factoría revela que existe un mercado potencial de gran crecimiento y plenamente consolidado, al menos durante un período de 20 años", asegura Pérez, lo que contradice las apreciaciones de la SEPI, "más interesada en mantener las restricciones que en aprovechar la coyuntura mundial y afrontar, de forma definitiva, un proyecto empresarial serio y público", lamenta el presidente de IEN.
No obstante, IEN considera "limitada" la propuesta de Barreras y ve en la misma una posible "hipoteca" sobre el futuro de la factoría. En este sentido, expresa su preocupación por el destino de las empresas auxiliares del sector en la comarca. También asegura que el apoyo político explícito y el respaldo de las cajas de ahorro gallegas al proyecto "carece de definición y es más especulativo que real".
Pérez señaló que el documento presentado por la Consellería de Innovación no se corresponde con las declaraciones de sus responsables sobre la inversión de 40 millones de euros comprometida, no aporta compromisos reales sobre la contratación de personal y, sobre todo, no prevé ningún apartado que permita dilucidar en qué situación quedaría la factoría si las previsiones de explotación por parte del astillero vigués no se cumplen.
El hecho de que Barreras estipule como condición la puesta en marcha del proyecto en el plazo de seis meses pone en evidencia "la precariedad de su alternativa", asegura Pérez, ya que un proceso que supone la cesión de instalaciones, la intervención ante la Unión Europea y el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales conlleva el inevitable empleo de mucho más tiempo para llevarlo a buen fin.
