MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados quiere que el Gobierno aborde la regulación de las empresas de gestión de deuda y cobro a morosos para establecer un "sistema de garantías" a empresas y ciudadanos, un asunto que ha planteado ya al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, y sobre el que quiere que se posicione ahora el titular de Justicia, Francisco Caamaño.
Así lo aseguró en declaraciones a Europa Press el portavoz de Turismo y Comercio del Grupo Parlamentario Socialista, Fèlix Larrosa, tras reunirse con los representantes de las Asociaciones de Gestores de Cobro, quienes le transmitieron la necesidad de acelerar la regulación de su sector, ya que España es "practicamente " el único país europeo que no cuenta con una normativa al respecto.
Larrosa destacó la necesidad de avanzar en un "sistema de garantías" para los ciudadanos que impida que "cualquiera" se pueda dedicar a esta actividad con el riesgo de "actitudes irresponsables" como la divulgación de datos privados y la "ostentación pública" de la situación económica que sufre una persona o familia, llegando a extremos de "maltrato" y "coacción" a los morosos, independientemente de las particularidades de cada caso concreto.
"Es muy normal que se recurra a cualquier artimaña para el cobro de deudas que incluso están recurridas y se están negociando", aseguró Larrosa, quien explicó que se pondrá en contacto con el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, para que traslade esta cuestión a Caamaño para comprobar si forma parte de la "agenda política" de su departamento.
EJEMPLO FRANCÉS
"Como mínimo hay que hacer una reflexión", incidió el diputado catalán, quien señaló que es el Ministerio de Justicia el que tiene que impulsar la norma pertinente. En cualquier caso, garantizó que desde el PSOE se estudiará también las opciones y precisó que el modelo que consideran más adecuado es el de la legislación francesa.
En este sentido, recordó que en marzo de 2009, la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó una iniciativa pactada entre PSOE, CiU y ERC-IU-ICV que reclamaba al Gobierno un marco jurídico que regule la actuación de las empresas que se ocupan de recuperar las deudas y créditos impagados, así como para asegurar la "debida protección" de los ciudadanos frente a aquellos medios de cobro que atenten "contra la dignidad" de las personas o "invadan su intimidad".
