MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
La junta general de accionistas de Repsol ha sacado adelante la modificación de sus estatutos para impedir la escisión de los negocios de 'upstream' y 'downstream' con un 61,7% del capital representado a favor y un 38,1% en contra, según los resultados de las votaciones difundidos por la compañía.
Estos porcentajes, calculados sobre el 64,3% del accionariado que ha acudido a la asamblea, se registran después de que Pemex, que tiene un 9,5% del capital, anunciase su rechazo a la propuesta, a la que se ha sumado otra porción minoritaria del capital.
Este punto del orden del día ha sido el que ha generado más rechazo. De hecho, los accionistas han aprobado la gestión del consejo de administración con un 99%, así como las cuentas y la reelección de consejeros, salvo en el caso del representante de Pemex, que ha logrado una aceptación del 97%.
El informe de remuneraciones ha contado con el apoyo del 96% del accionariado, mientras que la autorización para aumentar capital por un valor máximo de 662 millones ha sido respaldada por el 91% de las acciones.
Un representante de la petrolera mexicana, Julio Poulat, ha intervenido en la junta para asegurar que Pemex no tiene intención "de promover ni secundar ninguna separación ni segregación entre las actividades" de Repsol, y para exponer los motivos del rechazo de la compañía a la propuesta.
"Una modificación estatutaria como la propuesta puede constituir un obstáculo muy difícil de superar para una adecuada gestión futura de la compañía y sustrae el poder de decisión a la mayoría del capital", aseguró, antes de considerar que la modificación "destruye valor para todos los accionistas y pone el futuro de la empresa en manos de una minoría de bloqueo".
Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha afirmado que, con el blindaje estatutario frente a escisiones, quien quiera tomar el control sobre una parte de la compañía "tendrá que lanzar una OPA".
La medida, ha asegurado el presidente de Repsol en su intervención en la junta, va dirigida a fortalecer "la estabilidad institucional, los grandes consensos y proteger a los accionistas".
