BRUSELAS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictaminará el próximo jueves 6 de marzo si España vulneró la legislación comunitaria al imponer una serie de condiciones a la fallida oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa.
La justicia comunitaria se pronunciará sobre la denuncia interpuesta por la Comisión, que considera que los requisitos impuestos por España violan los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento. En contraste, el Gobierno ha alegado que las condiciones son compatibles con la normativa comunitaria y son esenciales para garantizar la seguridad de suministro.
Entre las condiciones cuya retirada pedía el Ejecutivo comunitario se encontraban la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para E.ON de no adoptar decisiones estratégicas sobre Endesa y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.
Estos requisitos a la OPA de E.ON fueron impuestos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en julio de 2006 y enmendados por el ministerio de Industria en noviembre del mismo año en respuesta a los recursos contra la decisión del regulador.
La decisión del Tribunal de Justicia llega tarde para E.ON, que renunció a su OPA en abril del año pasado tras la entrada en juego de Enel y Acciona, cuya oferta sobre Endesa fue la que acabó triunfando. Pero servirá para dilucidar el último enfrentamiento entre la Comisión y el Gobierno, porque Bruselas ha abierto un nuevo expediente a España por las condiciones impuestas a la OPA de Enel y Acciona, que son parecidas a las que aplicó en su día a E.ON.
El TUE tiene además pendiente de resolución otra denuncia de la Comisión contra España por el decreto que amplió las competencias de la CNE.
