MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) propone reducir del 15% al 10% el porcentaje de votos necesario para ser considerada una organización agraria representativa, y además plantea criterios más restrictivos para poder ser incluido en el censo de votantes y normas para regular el proceso electoral.
En el medio centenar de enmiendas presentadas al proyecto de ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias, que recoge Europa Press, los independentistas catalanes proponen que ganen las consultas electorales las organizaciones agrarias que consigan al menos un 10% de los votos emitidos en todo el Estado.
Además, plantea que sus funciones deberían incluir la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales del sector, pero también la consulta "preceptiva" en el diseño de políticas públicas que afecten al colectivo o la gestión de programas públicos (formación, asesoramiento, innovación, etc.) que afecten a estos profesionales.
Asimismo, ERC cree que estas organizaciones deberían tener capacidad para concertar acuerdos de interés profesional con los poderes públicos y en el ámbito socioeconómico, y para participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de controversias (juntas arbitrales, jurados de expropiaciones, etc). De hecho, la formación exige que el nuevo Consejo Agrario no sea únicamente un órgano consultivo, sino de "concertación" con la Administración General del Estado.
CENSO Y MESAS
Con respecto a la polémica definición del censo que ha planteado el Ministerio de Agricultura, Esquerra defiende que se usen datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) además de los de la Seguridad Social y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), y que se tenga en cuenta el domicilio de empadronamiento en lugar del domicilio habitual.
No obstante, los cambios de mayor calado en este sentido se refieren a quiénes quedarán incluidos en el listado de votantes. Así, ERC propone que se incluya a quienes reciban pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) de al menos 5.000 euros --en lugar de los 3.000 que plantea el proyecto de ley--, pero únicamente si esos pagos son menos del 80% de sus ingresos agrarios totales, para que no se 'cuelen' personas ajenas a la agricultura que reciban estos fondos por ser propietarios de tierras pero que no vivan de ello.
Por eso, los independentistas catalanes también piden suprimir de la norma la referencia a que quedarán incluidos en el censo los agricultores que declaren una renta procedente de actividades agrarias equivalente al 25% o más de su renta total.
Otro de los asuntos polémicos de este proyecto de ley es la ubicación de las mesas electorales. Por eso, Esquerra plantea reducir de 1.400 a 200 los electores máximos por mesa y garantizar que al menos se instalará una en cada isla de los archipiélagos al margen del número de votantes registrados.
CAMPAÑA ELECTORAL
El grueso de las enmiendas de Esquerra plantean la inclusión en el proyecto de ley de toda una regulación de la campaña electoral, a la que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no hace ninguna referencia.
Así, se defiende la celebración de una campaña electoral para informar a los votantes sobre la fecha, el procedimiento y los requisitos y trámites del voto por correo, "sin influir en ningún caso en la orientación del voto".
Además, durante los quince días de campaña debería estar prohibido cualquier acto "organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las organizaciones profesionales agrarias concurrentes a las elecciones", como en cualquier otro proceso electoral.
En la misma línea, se regula la celebración de actos de campaña, la publicidad electoral en los medios de comunicación y con cartelería por la calle, la cesión de espacios públicos y en los medios de comunicación públicos, los envíos postales de propaganda, la administración de la candidatura, la recaudación de fondos, los gastos autorizados, las aportaciones privadas a las candidaturas, las subvenciones públicas, los límites de las aportaciones o la rendición de cuentas y fiscalización de la contabilidad electoral.
Las enmiendas de ERC también proponen una regulación para las infracciones electorales y sus correspondientes sanciones, y prevé que las comunidades autónomas que celebren sus propias elecciones para la participación en órganos representativos regionales podrán recabar de oficio la colaboración de la Seguridad Social para obtener los datos con los que elaborar su censo.
