MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha pedido al Ministerio de Economía y Hacienda un aumento del impuesto sobre las labores de tabaco para atajar la proliferación de marcas baratas de cigarrillos por parte de las tabaqueras como fórmula de reaccionar a la Ley Antitabaco.
Los estanqueros han mantenido ya diversos encuentros con representantes del Departamento que dirige Pedro Solbes para reclamar una mayor fiscalidad que permita situar en 2 euros el precio mínimo de la cajetilla de cigarrillos, según informó a Europa Press el presidente de la asociación, Manuel Juan Fernández Vicario.
"Esperamos que el Gobierno tome una decisión al respecto, al igual que han hecho otros países, como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda y Bélgica, que ya tienen un impuesto mínimo que hace que el impuesto del tabaco no baje de una cierta cuantía", afirmó.
"A ver si en el primer trimestre del año en curso (el Gobierno) lo soluciona, porque si no, a lo mejor nos tenemos que negar nosotros a vender esas cajetillas, porque no vamos a tener rendimiento en nuestros establecimientos", advirtió el presidente de la Unión de Estanqueros.
Advirtió así de que la fórmula de las tabaqueras de promocionar sus productos a través de cajetillas de entre 1 y 1,5 euros, tiene efectos "gravísimos" sobre la actividad del sector, al suponer una importante merma de su facturación, ya que las expendedurías ingresan el 8,5% del precio total de la cajetilla.
Asimismo, argumentó que el fenómeno del tabaco barato fomenta el hábito de fumar entre la población de menor poder adquisitivo, no sólo entre los jóvenes, sino incluso entre los menores de edad. "A este ritmo vamos a necesitar un guarda jurado en la puerta para que no entren los chavales a comprar tabaco", afirmó.
SUPONEN EL 27% DE LAS VENTAS.
Según sus cálculos, las marcas baratas de cigarrillos suponen en la actualidad más del 27% del total de las ventas de tabaco, mientras que hace ocho meses, éstas significaban el 6%. "Ahora mismo tenemos un retroceso en los precios que los está equiparando a los de 1996. Para nosotros, esta situación es gravísima", denunció Fernández Vicario.
A su parecer, "es una incongruencia" que el Gobierno impulse la Ley de medidas sanitarias contra el tabaquismo con el objetivo de reducir la mortalidad aparejada al consumo de tabaco y no adopte las medidas necesarias para evitar la incorporación de jóvenes al hábito de fumar.
Antes de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, apostó porque el impuesto sobre el tabaco mantenga la competencia entre las empresas con precios que desincentiven su consumo.
Por su parte, la titular de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, acusó a las compañías tabaqueras de tratar de incorporar el máximo número posible de jóvenes al consumo de tabaco a través de la reducción de precios para contrarrestar los efectos de la Ley Antitabaco.
