Economía/Ley Antitabaco.- Sanidad recurre el decreto de la Junta de CyL porque incurre y no respeta la normativa estatal

Actualizado: viernes, 20 octubre 2006 20:50

Alega que merma la protección de la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad y Consumo presentó hoy un recurso contra el decreto de la Junta de Castilla y León que desarrolla la Ley de Prevención del Tabaquismo por entender que la norma regional incumple la normativa estatal, no respeta algunos artículos y merma la protección de la salud de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

El departamento de Elena Salgado materializó el recurso tras haber concluido el plazo de un mes desde que se remitió el requerimiento al Gobierno regional para que modificara la norma, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

El recurso se sustenta en que el decreto regional flexibiliza los elementos para separar las zonas de fumadores en locales de más de 100 metros, permite fumar en bares y cafeterías de los centros de trabajo, autoriza el tabaco en celebraciones privadas e incumple la norma estatal también en los referente a establecimientos que tengan dos o más actividades.

Sanidad considera que la Junta no respeta la ley al permitir que no se realice la separación en los locales de más de 100 metros para fumadores y señala que la instalación de extractores de humo "no supone en absoluto una solución efectiva".

La norma castellano y leonesa supone una merma en la protección de la salud de los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, que no verán garantizado su derecho a no respirar aire contaminado por el humo del tabaco en los bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados, alega el recurso.

Sanidad recuerda que la compartimentación suscitó un debate en la tramitación de la Ley en el Congreso, pero finalmente se acordó, por unanimidad de todos los grupos políticos, la separación física, "fundamentalmente por motivos de salud pública, sin ceder así a las presiones de determinados sectores que anteponen sus intereses económicos a la protección de la salud, que es el objetivo fundamental de esta ley".

El decreto incumple el artículo 8.1 de la ley estatal al permitir que en los bares y cafeterías ubicados en centros de trabajo se puedan habilitar zonas para fumadores.

Por otro lado, no respeta la ley en la medición de los locales de cien metros porque la norma estatal habla de cien metros útiles y la Junta de zona últil para los clientes.

También autoriza que en las celebraciones privadas en locales de restauración se pueda permitir el consumo de tabaco, previsión que entra en contradicción con la ley estatal, que no distingue en función del destino o naturaleza de los actos a celebrar en los establecimientos de hostelería.

Sanidad subraya que las enmiendas presentadas en tal sentido fueron rechazas por el Parlamento por entender que no cabía dar un trato singular a este tipo de eventos ni rebajar en ellos el nivel de protección de la salud de los asistentes.

Por último, sostiene que el decreto incumple lo referente a los establecimientos en los que se desarrollan dos o más actividades. La redacción del decreto da pie a interpretaciones erróneas según las cuales, por ejemplo, una barra de bar situada en un restaurante haría computar dos actividades distintas, bar por un lado y restaurante por otro.

"La ley española introduce en la regulación de las restricciones al consumo de tabaco en los lugares de ocio y restauración una flexibilidad y gradualidad suficientes que, en modo alguno, pueden excederse por las normas autonómicas", afirma Sanidad.

Por ello, el Ministerio lamenta que algunas Comunidades, como Valencia y Castilla y León, cuyos decretos ya están recurridos, y otras como La Rioja, a la que se le ha enviado requerimiento para que modifique su decreto, estén contraviniendo el acuerdo unánime que adoptó el Parlamento.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó el pasado 24 de agosto el decreto que desarrolla la Ley Antitabaco en el que corrigue lagunas que no están claras en la normativa estatal, según alegó la Junta.