BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea abrió hoy un expediente a siete países -Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos y Suecia- por restringir las apuestas deportivas, ya que considera que esta restricción podría vulnerar la libre circulación de servicios.
El Ejecutivo comunitario precisó que estos procedimientos de infracción, que se inician con una carta de emplazamiento, sólo se refieren a la compatibilidad de las medidas nacionales en cuestión con el derecho comunitario, y únicamente en el dominio de las apuestas deportivas. No afectan a la existencia de monopolios ni a las loterías nacionales, ni tampoco a la liberalización de los servicios de juego en general.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, destacó que ha recibido "quejas" de operadores de apuestas deportivas y por ello ha decidido pedir aclaraciones a los Estados miembros afectados. "No subestimo las sensibilidades que existen en muchos Estados miembros sobre el juego. Con estas cartas no queremos en ningún caso liberalizar el mercado, sólo garantizar que las medidas nacionales sean plenamente compatibles con el derecho comunitario", dijo.
McCreevy insistió en que hará todo lo que esté en sus manos para "facilitar una solución rápida" al problema y pidió a todos los países implicados, que tienen un plazo máximo de dos meses para responder, que hagan lo mismo.
El Ejecutivo comunitario ha recibido quejas sobre las restricciones impuestas a la prestación de servicios de apuestas deportivas, entre ellas la obligación de obtener una concesión o una licencia de Estado, incluso cuando el operador ya tiene licencia en otro país de la UE. En algunos casos, las restricciones se extienden a la promoción o publicidad de los servicios, así como a la participación de ciudadanos de los Estados miembros en cuestión en las apuestas.
Bruselas recuerda que el Tribunal de Justicia ha declarado que cualquier restricción por motivos de interés general, como la protección de los consumidores, debe limitar las actividades de apuestas de forma "coherente y sistemática". Un Estado miembro no puede invocar la necesidad de restringir el acceso de sus ciudadanos a los servicios de apuestas si, al mismo tiempo, les anima a participar en loterías nacionales, juegos de azar o apuestas que beneficien a las finanzas del Estado.
