MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP considera que la "actuación arbitraria" del Gobierno al modificar las competencias de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en plena sucesión de ofertas sobre Endesa vulnera el principio de seguridad jurídica y deja "bastante tocado" el artículo de la Constitución que la consagra.
Según explicó esta tarde el portavoz económico del PP, Miguel Arias Cañete, la Constitución Española en su artículo 9.3 garantiza el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la intervención de la arbitrariedad de los poderes públicos, y el Gobierno, con su decisión de modificar las competencias de la CNE en pleno desarrollo de estas operaciones societarias, "ha roto la seguridad jurídica en una operación claramente arbitraria".
A su juicio, esta modificación del marco jurídico vigente tiene un "destinatario con nombres y apellidos", que "da la impresión de que no coincide" con los intereses del Gobierno.
En este sentido, Cañete comparó la actuación del Ejecutivo con un "partido de fútbol en el que se modifica el reglamento en medio del partido para favorecer a uno de los dos equipos". "Ha convertido en árbitro a la presidenta de la CNE, Maite Costa, que ya ha dado pruebas de su radical falta de independencia en sobradas ocasiones, y de su sumisión incondicional a los dictados del ministro de Industria, José Montilla", denunció.
El portavoz del PP añadió que "en principio, un análisis rápido de esta norma refleja que el artículo 9.3 de la Constitución puede estar bastante tocado, porque da la impresión de que hay una actuación arbitraria de los poderes públicos que para su u caso particular ha modificado la normativa", afirmó.
"CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LA UE".
Además de opinar que el Gobierno con su actuación "atenta contra principios del Estado de Derecho recogidos la Constitución", también afirmó que lo hace contra principios fundacionales de la Unión Europea, que hoy ha manifestado que "si las autoridades españolas adoptan medidas contrarias a la libre circulación de capitales no dudaría en actuar", recodando que el Gobierno ya estaba amenazado por Bruselas en relación a la derogación de la 'acción de oro'.
En su opinión, el Ejecutivo "pro-europeo" denota ahora actitudes "claramente antieuropeas", y está "perjudicando la economía a medio y largo plazo", ya que ha puesto su credibilidad internacional "en entredicho". El PP teme que otros gobiernos europeos apliquen políticas proteccionistas y "anticomunitarias" similares con las empresas españolas.
Advirtió en este sentido que España está en un momento de expansión internacional de sus empresas y que tiene el mayor déficit exterior de su historia, por los que "corre el riesgo de que, con la inseguridad económica que estas decisiones suponen, se puedan espantar inversiones extranjeras directas y se fomenten procesos de deslocalización".
Con esta actuación, el Gobierno coloca a España "a la altura" de Bolivia y Venezuela, y "no se puede permitir esas frivolidades" si quiere ser uno de los países más desarrollados del mundo, dijo.
Asimismo, declaró que Montilla debería recordar "el triste final del ex gobernador del banco de Italia, que puso un empeño similar al del secretario general del PSC para evitar la compra de un banco italiano esta vez por una empresa española".
