MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria mantiene, en su contestación a la Comisión Europea, que la respuesta a los recursos sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de E.ON sobre Endesa se ajusta al derecho comunitario.
Industria, que respondió hoy así a la carta remitida por Bruselas el pasado 29 de noviembre, entiende que la Comisión "no puede desconocer que la OPA de E.ON ha sido autorizada según la normativa energética y bursátil", por lo que considera que "no se están limitando los derechos y libertades reconocidos en el derecho comunitario", en contra de lo que sostiene ésta, "cuya postura supone no menos que ignorar la realidad, más aún si se tiene en cuenta que la propia titular de esos derechos no ha recurrido la resolución y en todo caso se ha manifestado en términos favorables a la misma", informó el Ministerio.
El gabinete de Joan Clos señala que ha reiterado a la Comisión que "la modificación y/o supresión de las condiciones novena, décima, undécima, decimosexta y decimonovena determina que la autorización de la OPA queda sometida a un régimen económico y jurídico compatible con las exigencias del derecho comunitario, en los términos de la Decisión de la Comisión Europea de 27 de septiembre de 2006".
En su respuesta Industria, además, incide en que el hipotético incumplimiento de las condiciones impuestas en ningún caso podría dar lugar a la revocación de la autorización, aspecto que preocupa particularmente a la Comisión, y únicamente tendría como efecto el establecido expresamente: 'El incumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas por la presente resolución dará lugar a los correspondientes procedimientos en aplicación de los regímenes sancionadores previstos en la legislación energética'".
Por último, en su escrito, el Ministerio analiza la adecuación de cada una de las condiciones, sobre todo desde el punto de vista de su proporcionalidad, a las necesidades de la seguridad del suministro, y el resto de los requerimientos del derecho comunitario.
La Comisión Europea declaró el pasado 29 de noviembre ilegales las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno español a la alemana E.ON para adquirir Endesa al considerar que vulneraban los principios de libre circulación de capitales, derecho de establecimiento y libre circulación de mercancías.
Entre ellas se encuentra la obligación de mantener la marca Endesa o la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Fue la cuarta vez que el Ejecutivo comunitario actuó contra España por obstaculizar indebidamente la OPA de E.ON sobre Endesa en un procedimiento que se complica y se hace cada vez más enrevesado. Antes, Bruselas inició un expediente contra el decreto que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), declaró ilegales 18 de los 19 requisitos impuestos por la CNE, y lanzó otro procedimiento por la tardanza del Gobierno en retirar estas condiciones.
El plazo del Gobierno español para presentar sus observaciones con respecto a la evaluación preliminar de la Comisión concluía hoy. Si los argumentos del Gobierno no convencen a Bruselas, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, podría adoptar una decisión jurídicamente vinculante exigiendo la derogación de las nuevas condiciones, que las empresas podrían invocar directamente ante los tribunales nacionales.
